La minería ilegal de oro en Venezuela ha desencadenado una crisis ambiental y de derechos humanos en la Amazonía, según la ONG Fundaredes.
Las actividades mineras han destruido bosques, contaminado ríos con mercurio y afectado a las comunidades indígenas, quienes sufren desplazamiento forzado, explotación laboral y violencia.
Grupos armados y mafias agrava la situación
La presencia de grupos armados y mafias agrava la situación, vulnerando los derechos básicos de los habitantes de la región. Incluyendo el derecho a un ambiente sano y seguro.
Fundaredes calcula que cerca de 20.000 mineros ilegales operan en el Arco Minero del Orinoco, causando un grave deterioro en la calidad de vida de las comunidades locales.
La ONG Provita destaca la riqueza natural, cultural y mineral de la Amazonía venezolana, que alberga a 2,3 millones de personas, incluyendo la mayor población indígena del país.
El gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado que ha desalojado a más de 12.000 mineros ilegales este año y ha clausurado varias minas, incluyendo la mina “Bulla loca” en el estado Bolívar, que sufrió un derrumbe en febrero dejando un saldo de 16 muertos y 36 heridos.
El presidente Nicolás Maduro ha reconocido la existencia de una mafia en el sector minero y ha insistido en la necesidad de ordenar la minería de manera ecológica y sostenible. Sin embargo, aún se desconoce si se ha implementado un plan definido para lograr este objetivo.
Con información de EFE
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