Un duro golpe recibió el “Tren de Aragua” en Chile, con la condena de cuatro de sus miembros por trata de personas con fines de explotación sexual, asociación criminal y lavado de activos. La Fiscalía de la región de Los Lagos informó que se trata de la primera sentencia en Chile contra este grupo delictivo que se ha extendido por toda América Latina.
El fiscal Marcelo Maldonado calificó la sentencia como “histórica, inédita y simbólica”, y señaló que los acusados amenazaban a sus víctimas con pertenecer al “Tren de Aragua”. Los hechos se conocieron a través de una denuncia anónima que alertaba de la extorsión sufrida por más de 40 personas para prostituirse, de las cuales 12 testificaron en el proceso.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes entre 18 y 25 años, eran traficadas a Chile por pasos no autorizados.
Paralelamente, reos extranjeros, en su mayoría venezolanos, han causado destrozos a celdas en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago, en medio de un motín que mantienen desde hace 18 días. Ante esta situación, la Gendarmería ha optado por endurecer las medidas de seguridad, engrillando de pies y manos a los internos para limitar su movilidad mientras no abandonen su “actitud refractaria”. Los funcionarios han advertido de agresiones y amenazas de muerte en el marco de la rebelión encabezada por estos reos. Quienes buscan ser trasladados a un recinto penitenciario con un régimen menos estricto.
En uno de los incidentes, el conocido sicario del “Tren de Aragua”, Hernán Landaeta, apodado “Satanás”, protagonizó un enfrentamiento con una veintena de otros reos. Los reclusos involucrados permanecerán engrillados de manos y pies durante las horas en que deben estar al interior de sus celdas. Mediante esposas que van unidas. En una medida que “no constituye una sanción, sino que responde a una estricta y necesaria medida de seguridad”.
Esta condena y los incidentes en el sistema penitenciario de Chile reflejan la difícil situación que enfrenta el país con grupos delictivos extranjeros. Y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger a las víctimas y garantizar el funcionamiento del sistema judicial.
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