Activistas y defensores de los derechos humanos en Venezuela expresaron su rechazo al acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la directiva ad hoc de la Cruz Roja, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2023.
Un acuerdo contrario a los principios de independencia e imparcialidad
El acuerdo, que busca fortalecer las capacidades y la asistencia técnica en materia humanitaria en el país, ha sido calificado como contrario a los principios de independencia e imparcialidad que rigen la ayuda humanitaria.
El comunicado de prensa emitido por la ONU el viernes 26 de abril enfatiza la importancia de una respuesta humanitaria efectiva y coordinada para garantizar la llegada oportuna de la ayuda a las personas necesitadas.
Sin embargo, organizaciones como Acceso a la Justicia, Laboratorio de Paz y Espacio Público cuestionan la legitimidad de la directiva de la Cruz Roja y aseguran que el acuerdo viola los principios fundamentales de la acción humanitaria.
Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, señala: “sin garantía de independencia e imparcialidad no hay ayuda humanitaria viable”.
Por su parte, la investigadora Lexys Rendón insta a la ONU a ser coherente y recuerda que la Cruz Roja Venezolana enfrenta una intervención que viola sus principios fundamentales.
Las críticas también se centran en la falta de avances en la restitución del funcionamiento normal de la Cruz Roja, a pesar de los ocho meses transcurridos desde su intervención.
Saúl Blanco, integrante de Espacio Público, también criticó la intervención del TSJ y asegura que violenta el principio humanitario de la independencia.
El acuerdo ONU-Cruz Roja ha generado controversia y preocupación entre los defensores de los derechos humanos en Venezuela, quienes exigen que se respeten los principios fundamentales de la acción humanitaria y se restituya la autonomía de la Cruz Roja Venezolana.
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