El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha designado al diputado chavista José Brito como presidente de una junta directiva ad hoc de Primero Justicia (PJ).
Y le ha autorizado a postular candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Y administrar los bienes del partido, poniendo fin a cuatro años de incertidumbre.
La Sala Constitucional del TSJ ha emitido una medida cautelar que establece el nombramiento de una Junta Directiva Ad Hoc para llevar a cabo la reestructuración necesaria de la organización política Movimiento Primero Justicia. Presidida por José Dionisio Brito.
¿Cómo estará conformada esa Junta Directiva Ad Hoc?
Esta junta estará conformada por un Coordinador Nacional Adjunto, un Secretario General, un Secretario General Adjunto y un Secretario de Organización, quienes desempeñarán funciones directivas y de representación del partido.
Además, la Junta Directiva Ad Hoc tendrá la facultad de utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y demás elementos propios de PJ, así como de organizar la consulta interna para actualizar y modificar los Estatutos de la organización.
En su decisión, el TSJ ha ordenado al CNE abstenerse de aceptar postulaciones para procesos electorales que no estén acordadas por la Junta Directiva Ad Hoc.
Asimismo, se ha autorizado a la junta para llevar a cabo actos de administración y mantenimiento de las instalaciones de Primero Justicia, prohibiendo la enajenación y gravamen de los bienes del partido.
José Brito había acudido al TSJ el pasado 15 de marzo para resolver la incertidumbre sobre quién puede utilizar la tarjeta de PJ para postular candidaturas ante el CNE.
Brito había señalado que la situación jurídica de PJ estaba en un limbo desde septiembre de 2020, cuando la Sala Constitucional del TSJ suspendió la medida cautelar que lo había designado como coordinador nacional del partido.
Cabe destacar que Brito fue expulsado de Primero Justicia en 2020 tras ser implicado en gestiones internacionales a favor de tramas de corrupción. Además, está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por colaborar con el régimen de Nicolás Maduro en el socavamiento del Estado de derecho.
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