Nelson Freites, miembro de la Red y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), ha denunciado la detención de Rocío San Miguel como “arbitraria” y carente de fundamentos legales. Freites explica que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son materiales cartográficos y documentos. Utilizados por San Miguel en su labor académica sobre seguridad nacional desde hace más de una década.
Además, Freites destacó que a San Miguel la someten a un trato “indigno” durante su detención, incluyendo la violación de sus derechos y la detención de algunos de sus familiares. La Red de Derechos Humanos del Estado Lara ha anunciado que presentará una declaración al Ministerio Público exigiendo la liberación inmediata de San Miguel, enfatizando en su intachable labor como ciudadana y defensora de derechos humanos.
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue privada de libertad por presuntos vínculos con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro y otros funcionarios chavistas. Su reclusión en la sede del SEBIN en El Helicoide ha suscitado preocupación, dado el historial de denuncias sobre torturas en dicho penal. Mientras tanto, la comunidad defensora de derechos humanos en Venezuela se une en un llamado por la libertad de San Miguel y el cese de la persecución contra activistas en el país.
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