La Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, una institución jesuita, ha anunciado la suspensión de todas sus actividades. Esto sucede después de que un tribunal de la dictadura de Ortega ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, acusándola de ser un “centro de terrorismo”.
En una nota dirigida a la comunidad universitaria, la UCA afirmó que estas medidas se basan en acusaciones infundadas. Las acusaciones afirman que la universidad estuvo involucrada en la organización de grupos delincuenciales durante las protestas de 2018, que dejaron más de 350 muertos.
Fundada en 1960 por sacerdotes de la Compañía de Jesús, la UCA explicó que recibió un documento que notificaba la incautación de sus bienes, ordenada por un tribunal penal de Managua. El tribunal ordenó que los bienes fueran entregados al Estado de Nicaragua para garantizar la continuidad de los programas educativos. Como resultado, la universidad ha suspendido todas sus actividades académicas y administrativas.
La relación entre Ortega y la Iglesia Católica
La relación entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica ha sido conflictiva. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, se encuentra encarcelado desde agosto de 2022 y fue condenado a 26 años de prisión en febrero pasado por negarse a ser deportado a Estados Unidos. Además, se ha informado que al menos otros dos sacerdotes han sido detenidos por supuestos delitos comunes.
Previo a esta medida, las autoridades nicaragüenses habían congelado las cuentas bancarias de la UCA la semana pasada. Aunque esta información solo se difundió a través de medios de comunicación independientes. Hasta el momento, el gobierno no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las acusaciones de la UCA.
Van 27 universidades
Es importante destacar que la UCA se convierte en la vigésima séptima universidad clausurada y confiscada por el gobierno de Ortega desde diciembre de 2021. Esta serie de acciones ha sido ampliamente criticada por organismos de derechos humanos y figuras destacadas del ámbito académico.
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús ha rechazado enérgicamente las acusaciones del gobierno contra la UCA, calificándolas como “totalmente falsas e infundadas”. Además, han resaltado la labor docente e investigativa prestigiosa de la universidad a lo largo de sus 63 años de existencia.
La Provincia también ha denunciado que la UCA ha sido objeto de un constante asedio, acoso y hostigamiento desde 2018. Esto se ha manifestado en la negativa de extender certificaciones por parte del Ministerio de Gobernación y otras entidades, así como en su exclusión de un fondo estatal destinado a la educación superior.
La represión de la rebelión social de 2018 por parte de Ortega, mediante el uso de fuerzas policiales y paramilitares fuertemente armados, ha generado tensiones y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. El gobierno ha acusado a la oposición, líderes estudiantiles y a los obispos de la Iglesia católica de participar en un “fallido golpe de Estado” para intentar derrocarlo.
Con información de la DW
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