En medio de acusaciones de intentos de sabotaje a las conversaciones de paz, los representantes del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunirán en Caracas para dar inicio al cuarto ciclo de diálogos. En un comunicado conjunto, ambas delegaciones afirmaron que abordarán asuntos relevantes de la agenda sin dar detalles específicos sobre los temas a tratar en los próximos días.
El comunicado, también destaca que se han establecido mecanismos de comunicación para evitar enfrentamientos durante el cese al fuego acordado en el ciclo anterior, el cual comenzó el 3 de agosto y se extenderá hasta al menos el 29 de enero. Además, celebraron la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, ya que contribuirá a mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios. Ambas partes buscarán llegar a acuerdos que permitan la construcción democrática de la paz con la participación de la sociedad colombiana.
Los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN se reanudaron en noviembre de 2022 después de más de tres años de suspensión. Otty Patiño, jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, mencionó la necesidad de avanzar en beneficio de la gente que sufre las consecuencias del conflicto. Por su parte, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN, afirmó que la guerrilla está comprometida con los acuerdos de paz y se mostró optimista ante la disminución de los oponentes al proceso.
Presunto plan del ELN contra el Fiscal General de Colombia
El encuentro se produce luego de la denuncia de un presunto plan del ELN para atentar contra el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, desde territorio venezolano. El ELN negó dicha acusación y señaló que busca sabotear el proceso de diálogo. El canciller Álvaro Leyva expresó la importancia de investigar a fondo para establecer la verdad y señaló que este supuesto atentado podría perjudicar el proceso de paz con el ELN.
Según las autoridades colombianas, el ELN cuenta con alrededor de 5.000 miembros y opera en varios departamentos del país, especialmente en las zonas fronterizas con Venezuela.
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