El tribunal municipal del área Metropolitana de Caracas emitió una medida cautelar de cierre contra una clínica privada en Catia que operaba sin los permisos requeridos por la Ley. A la Unidad de Diagnóstico Pérez Bonalde, ubicada en la zona oeste de la capital venezolana, se le acusa de ofrecer servicios médicos sin los permisos y autorizaciones exigidos por el Ministerio de Salud.
Según el fallo judicial, la clínica de Catia actuaba como una empresa de venta de equipos médicos, pero en realidad realizaba actividades asistenciales sin contar con los controles estatales necesarios.
El tribunal también señaló que los medicamentos entregados y aplicados en la clínica no tenían los controles del Estado venezolano, lo que dificultaba verificar su autenticidad. Además, se reveló que el propietario de la clínica reside en Miami y que los fondos obtenidos se transfieren allí.
Una fuente relacionada con el caso afirmó que el propietario de la clínica ubicada en Catia presume de tener protección por parte de altos funcionarios del Gobierno Nacional, incluyendo magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y generales de la Fuerza Armada Nacional. Esta situación pone en riesgo la salud de la población al permitir que la clínica opere al margen de la ley y sin los controles legales necesarios.
En los próximos días, se espera que las autoridades sanitarias emitan un pronunciamiento sobre el caso y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Con información de AlbertoNwes
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