Familiares de Leonardo Azócar y Daniel Romero, dos trabajadores de la empresa estatal Sidor detenidos en Venezuela, intentaron visitarlos en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas el sábado 24 de junio, pero el director del centro les negó el acceso.
Según el abogado Eduardo Torres, la Constitución venezolana establece que la libertad personal es inviolable. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados o personas de confianza. Desde la detención de Azócar y Romero el 11 de junio, sus familiares y abogados no han podido verlos.
Los familiares acudieron a la Defensoría del Pueblo en Caracas para denunciar esta vulneración de los derechos humanos y agotar las vías internas de denuncia. También solicitaron el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos y de derecho penal para los trabajadores de Venezuela. En especial para los detenidos de Sidor.
La detención de Azócar y Romero ha sido criticada por la oposición venezolana y los sindicatos. Se denuncia que se trata de una persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Sidor es una de las empresas estatales más importantes de Venezuela y ha sido objeto de conflictos laborales y políticos en los últimos años. Los trabajadores han protestado por las malas condiciones laborales, la falta de pago y la intervención del gobierno en la empresa. En este contexto, la detención de Azócar y Romero ha sido interpretada como un intento de silenciar la disidencia y la protesta social.
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