La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recientemente una medida cautelar a favor de la maestra y sindicalista Elsa Castillo.
La profesora Elsa Castillo, en reiteradas oportunidades ha manifestado públicamente su descontento sobre la situación del gremio docente en Venezuela y la vulneración de los derechos laborales por parte del Estado venezolano.
La ONAPRE viola la normativa laboral
Según las distintas asociaciones de trabajadores vinculadas a la educación y al servicio público, el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) violenta flagrantemente la normativa laboral de los trabajadores y sus respectivas convenciones colectivas.
No es la primera vez que los distintos gremios del país se unen para exigir al Gobierno nacional tomar cartas en el asunto sobre esta situación.
A inicios de 2023, las protestas se intensificaron en todas las regiones de Venezuela para solicitar derogar este documento y reconocer la labor de los profesionales y empleados que reciben un sueldo paupérrimo.
Elsa Castillo “una voz que no se pudo callar”
Desde el año 2022, la profesora Elsa Castillo es miembro de la asociación civil “Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT)” y ha sido víctima de hostigamiento y amenazas.
En varias ocasiones ha sido perseguida al salir de las concentraciones de lucha sindical, incluso, luego de dar entrevistas a medios de comunicación.
El único “delito” de la profesora Elsa ha sido exigirle al Gobierno un salario justo para los profesores y reivindicar la lucha del gremio educativo.
En tal sentido, y después de haber recibido una solicitud por parte de la ONG Defiende Venezuela, que también representa a los sindicalistas Anneliese Josiel Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leída Rosa Brito de Lobo, Petra Margot Monasterios y Rafael Octavio Arreaza Padilla.
La CIDH emitió una medida cautelar a favor de los afectados en el que exige al Estado venezolano:
- Adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida e integridad de las víctimas.
- Aplicar medidas de protección para que las personas beneficiarias puedan continuar realizando sus actividades de liderazgo sindical. Sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia.
- Concertar las medidas solicitadas con los beneficiarios y sus representantes.
Se espera que el Estado venezolano dé cumplimiento a esta medida cautelar y cesen las acciones de persecución y hostigamiento en contra de quienes exigen el cumplimiento de sus derechos como trabajadores de la educación.
Nota de Prensa
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