El informe publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) revela que 362 funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado han sido procesados por casos de tortura en Venezuela y malos tratos a privados de libertad en 2022. De estos, 185 han sido acusados y 47 condenados. Sin embargo, no se ha juzgado a los presuntos implicados en ninguna de las 91 denuncias supervisadas por el Acnudh. Esto plantea una violación a la prohibición de la tortura y malos tratos, así como al derecho de las víctimas a recursos efectivos.
El informe abarca el período comprendido entre mayo de 2022 y abril de 2023 y se centra en los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales, el Estado de Derecho, el espacio cívico y la implementación de recomendaciones anteriores hacia Venezuela.
Aumento de casos de tortura en Venezuela
El Acnudh ha documentado un aumento en los casos de tortura en Venezuela, llegando a un total de 114. Durante el período de cinco años anterior, se registraron 92 casos. Más de la mitad de estos casos se atribuyeron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El Acnudh insta a que se cumplan las normas internacionales en los centros de detención y pide el cierre de aquellos administrados por los servicios de inteligencia. Sin embargo, debido al miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones, muchas víctimas no denuncian los casos de tortura.
Retrasos en los procesos judiciales
El informe destaca los retrasos permanentes en las investigaciones de las muertes ocurridas durante las protestas entre 2014 y 2019. Algunos casos han experimentado retrasos de hasta nueve años. Además, se mencionan los constantes cambios de fiscales y los aplazamientos de las audiencias, lo que ha generado más demoras. En 16 casos, hubo falta de cooperación por parte de las fuerzas militares y de seguridad del Estado. El Acnudh insta a que se intensifiquen los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones.
Salud de los detenidos
Durante el período analizado, la ONU visitó 15 centros de detención y entrevistó a 206 personas privadas de libertad, incluyendo mujeres, personas LGBTIQ+ y niños. Se encontró que 23 personas esperaban respuestas a solicitudes de medidas humanitarias o alternativas a la detención, y 63 esperaban traslados médicos. El Acnudh enfatiza que es responsabilidad del Estado garantizar la salud física y mental de los detenidos, y destaca los riesgos y consecuencias de la limitación de los servicios de salud para ciertos grupos, como mujeres, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad.
Recomendaciones y visita del Alto Comisionado
El informe del Acnudh recomienda la adopción de protocolos específicos para prevenir la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características de las personas privadas de libertad. Además, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó Venezuela a principios de 2023 y solicitó la reforma del sistema de justicia venezolano para poner fin a la tortura, castigar a los responsables y lograr la liberación de las personas detenidas arbitrariamente.
Con información de Crónica.Uno
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