Derechos en Acción | Zair Mundaray ¿A dónde van los desaparecidos?

Los desaparecidos a manos de las autoridades o grupos delincuenciales con o sin aquiescencia del Estado, sigue siendo un flagelo...
Zair Mundaray Derechos en Acción

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Clara Quiñones se llama mi madre
Ella es, ella es un alma de Dios, no se mete con nadie
Y se la han llevado de testigo
Por un asunto que es nada más conmigo
Y fui a entregarme, hoy por la tarde
Y ahora que no saben quién se la llevó, del cuartel
Desapariciones
Rubén Blades

Los desaparecidos a manos de las autoridades o grupos delincuenciales con o sin aquiescencia del Estado, sigue siendo un flagelo que azota especialmente a Latinoamérica. En Venezuela, se han hecho frecuentes las llamadas desapariciones de corta duración, a tal punto que se puede afirmar que se trata de una verdadera política de Estado, en la que participan organismos de seguridad, fiscales y jueces por igual, de modo que todos son corresponsables de este crimen.

Los regímenes autoritarios, especialmente los de corte militarista, desaparecen a personas que pueden ser percibidas como enemigos o incómodos al poder. Lo hacen por si mismos, utilizando a sus organismos de “seguridad” o en ocasiones a grupos que les sirven, como paramilitares, guerrillas o grupos de choque como los colectivos en nuestro país.

Todos hemos tenido referencias sobre las gravísimas historias de desaparecidos en las sangrientas dictaduras militares del cono Sur, en el conflicto armado en Colombia y en Centroamérica, pero poco se menciona, que nuestro país sirvió de refugio seguro a miles de perseguidos que se salvaron de ser desaparecidos por la oportuna intervención de nuestra diplomacia, claro esto fue durante la democracia, hoy inexistente.

Se considera que alguien ha sido desaparecido…

Se considera que alguien ha sido desaparecido, cuando de forma ilegítima se le ha privado de la libertad, y el aprehensor se niega a reconocer la detención, dar información sobre su destino o su situación, impidiendo así el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales (artículo 180 A del Código Penal venezolano).

Cabe recordar, que, de acuerdo con nuestra Constitución, desaplicada consuetudinariamente por la revolución, las personas sólo pueden ser detenidas en dos situaciones concretas: mediante orden dictada por un tribunal, o si es sorprendida cometiendo un delito, es decir en situación de flagrancia. Fuera de estos supuestos, toda detención es inconstitucional, pero, además, suele ser el inicio de la ejecución de la desaparición forzada.

Frecuentemente las persecuciones judiciales por razones políticas, transitan por un periodo de desaparición en el que las autoridades no reconocen la detención, no informan sobre el paradero, impiden la asistencia legal, la comunicación y la visita familiar. Lo peor es que en estos periodos de desaparición, a la par, se cometen torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales, robo de bienes y amenazas a familiares y allegados.

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Todo un cóctel de abusos bien sistematizado, que no consigue remedio eficaz posterior en los actos judiciales. En días recientes fuimos testigos de lo ocurrido con la Sra. Yosida Vanegas y el estudiante John Álvarez, desaparecidos durante días en manos de la policía, y luego llevados ante juzgados de terrorismo que avalan y legalizan tales prácticas, en lugar de aplicar el COPP, que obliga a anular tales acciones y notificar al Ministerio Público para el inicio de una investigación penal.

La desaparición de personas, así sea por un corto periodo, o por tiempo indeterminado como en el caso de Hugo Marino, desaparecido por el DGCIM desde hace más de 4 años, se castiga con una pena de entre 15 y 25 años de prisión, y, por cierto, se trata de un delito imprescriptible, por los que los autores podrán ser perseguidos penalmente en el futuro, luego del restablecimiento del Estado de derecho.

¿Qué hacer cuando hay desaparecidos?…

Pero, ¿Qué hacer cuando ocurre una desaparición?: primero, deben tratar que el hecho se haga público a través de los medios y redes sociales, luego deben presentar denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, en las que aporten toda la información con la que se cuente, especialmente la identificación del organismo o personas que hubieren cometido el hecho.

No menos importante es denunciar ante los órganos de control policiales encargados de “investigar” la desviación policial. Pero la acción que probablemente mayor importancia tenga es la interposición de una acción de habeas corpus ante un juez competente, o cualquier juez en caso de que no hubiere en la circunscripción, recordando que existe desde septiembre de 2021, una Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. Cabe destacar, que además se pueden interponer denuncias ante los organismos internacionales de defensa de derechos humanos

Zair Mundaray Rodríguez

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