Víctimas de La Venezolana exigen sentencia al TSJ

Siete mil familias venezolanas exigen justicia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el caso del concesionario La Venezolana. Los afectados denuncian que, tras doce años de espera, el proceso judicial enfrenta una parálisis inaceptable. El expediente N° 16-694 permanece detenido en la Sala Constitucional, a pesar de encontrarse en fase de decisión. El patrimonio afectado supera los 102 millones de dólares, dejando a miles de ciudadanos en un estado de total indefensión económica y legal.

Un limbo procesal que viola la Constitución

La vocera Nallybe Ortiz y otros representantes han consignado múltiples diligencias ante instituciones del Estado sin obtener respuestas concretas. Aunque el proceso superó las etapas de demanda, notificaciones y audiencias, el TSJ no dicta la sentencia definitiva. Los denunciantes señalan que el lapso del “Auto para Mejor Proveer” ya venció, lo que convierte la demora en una violación flagrante a la Constitución.

“La justicia no es completa si no hay reparación”, afirman los afectados, quienes ven con preocupación cómo el expediente se mantiene estancado. La falta de un pronunciamiento impide que las familias recuperen el dinero invertido en vehículos que nunca recibieron.

Bienes bajo custodia sin rastro de devolución

El Estado venezolano intervino el concesionario para, supuestamente, proteger a las víctimas. El Ministerio Público dictó medidas cautelares y aseguró bienes que pasaron a manos de la Vicepresidencia de la República. Sin embargo, doce años después, esos activos no han servido para indemnizar a los perjudicados. Los afectados cuestionan por qué, si el Estado tiene el control de los locales y el dinero, no ha procedido a la reparación del daño.

Representantes como Hendrix Leira y Hermes Jiménez lideran el reclamo por el avocamiento de la causa. Denuncian que el Estado, al tomar los activos y no entregarlos, genera un “doble abandono”: primero por parte de los estafadores y ahora por un sistema judicial que no actúa.

Acciones legales y búsqueda de respuestas

A lo largo de los años, abogados como Jhonny Coronil, Marvella Ponte y Yarisma Peña han asistido a las víctimas en constantes solicitudes de impulso procesal. El registro de diligencias muestra gestiones ante el Ministerio de Comercio, la SUNDDE y la propia Presidencia de la República. El 24 de febrero de 2026, se introdujo una nueva solicitud ante la vicepresidenta Delcy Rodríguez para cesar la “parálisis procesal”.

Las víctimas Anmary Rivero Yerena, Nallybe Ortiz, Hendrix Leira y Hermes Jiménez mantienen la exigencia de una sentencia que permita devolver el patrimonio a las 7.000 familias. El caso de La Venezolana representa una de las deudas judiciales más largas del país, donde la demora oficial prolonga el impacto de la estafa inicial.

En que consiste el caso:

El caso del Concesionario La Venezolana fue una masiva estafa inmobiliaria/automotriz destapada en 2014 en Venezuela, afectando a unas 7.000 personas que pagaron por vehículos nunca entregados. A pesar de la ocupación temporal y la junta administradora estatal, los afectados reportaron años de inacción, retardo procesal y falta de resarcimiento.

Retardo: Pasados más de 9 años de la intervención (informes hasta 2023-2024), muchos afectados siguen esperando soluciones reales, reportando “la justicia deja de ser justicia si no es oportuna”.

Origen: El concesionario prometía vehículos a precios justos importados de China.

Intervención: En mayo 2014, el gobierno ocupó la empresa por presunta estafa y lavado de dinero, nombrando una Junta Administradora Ad-Hoc.

Activos: La empresa contaba con dinero en banca nacional/extranjera y vehículos ejecutivos, puestos bajo control estatal, pero los compradores no recibieron sus autos.

Situación Judicial: Los afectados han acudido constantemente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía exigiendo celeridad y la devolución de sus fondos.

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