En Venezuela, hablar de servicios públicos es un ejercicio de valentía. Cada queja, cada testimonio, puede ser visto por los activistas oficialistas como un ataque a la patria. Según diversas organizaciones sociales, la narrativa impuesta es que difundir información negativa sobre los servicios facilita los “planes del enemigo extranjero” para desestabilizar el país. Por eso, la mayoría de los ciudadanos ha aprendido a callar, incluso cuando vive bajo permanente racionamiento.
Durante décadas, Venezuela fue un país que se enorgullecía de su red de servicios públicos. El petróleo pagaba la electricidad, los alimentos subsidiados, los hospitales y hasta el agua. Pero esa abundancia terminó. Hoy, incluso en zonas de Caracas, hay comunidades donde el agua simplemente desapareció de las tuberías hace más de diez años.
El Junquito: donde el agua es un recuerdo
Uno de los casos más asombrosos es el de El Junquito, en el oeste de Caracas.
Carmen Díaz, habitante del kilómetro 12, dice que ya nadie recuerda desde cuándo comenzó el racionamiento. En algunas zonas, afirma, el agua simplemente dejó de llegar hace más de una década.
“Mi abuela cuenta que antes llegaba con poca presión, pero luego desapareció totalmente, a mitad del gobierno de Chávez”, comenta.
Los técnicos y especialistas señalan varias causas: el aumento de las tomas ilegales, la falta de mantenimiento acumulado y la ausencia de recursos para sostener el sistema. “Si la gente no paga por el servicio, no hay cómo mantenerlo en el tiempo. No hay cómo pagar a los trabajadores de mantenimiento ni hacer las reparaciones necesarias”, explica un empleado de Hidrocapital bajo reserva de identidad.
A eso se suma una contradicción de fondo. La política oficial declara que el agua es un derecho humano, y por tanto, el Estado está obligado a garantizar el acceso universal. Sin embargo, esta visión ha llevado a muchos ciudadanos a rechazar la idea de pagar por el servicio, asumiendo que el Estado debe suministrarla aun sin recursos.
Tres visiones de un mismo problema
La raíz del problema no es solo técnica, también ideológica.
Durante años, el discurso oficial promovió la idea de que el agua es un derecho garantizado por el Estado sin que el ciudadano asumiera costos directos, no un servicio que debe pagarse. Esa política, aunque bien intencionada, ha generado distorsiones profundas: muchos ciudadanos asumen que no deben pagar por el agua, lo que deja al sistema sin fondos ni incentivos para mejorar.
Este debate divide opiniones dentro y fuera del país:
Desde la ONU, el agua se reconoce como un derecho humano esencial. Esto implica que los gobiernos deben garantizar el acceso, pero también asegurar la sostenibilidad del servicio. Esto implica que los usuarios deben contribuir económicamente para mantener el sistema. Naciones Unidas no promueve la gratuidad total, sino sistemas equitativos donde quienes pueden pagar, paguen, y donde los más pobres reciban subsidios o apoyo.
Desde la extrema izquierda, se defiende que el agua debe ser totalmente gratuita y administrada por el Estado como un bien colectivo, sin fines de lucro. En esa visión, cobrar por el agua equivale a “privatizar la vida”, y refuerza las desigualdades sociales
Desde la extrema derecha, se sostiene lo contrario: que la gratuidad destruye los incentivos, y que el servicio debe gestionarse como una empresa moderna, con tarifas reales que cubran costos y garanticen eficiencia, evitando el despilfarro y premiando el consumo responsable.
Entre ambos extremos, muchos ciudadanos piden simplemente equilibrio: pagar, pero por un servicio que funcione.
La lógica del pago y el derroche – Romper para sobrevivir
José Medina, vecino de Tacagua Vieja, explica que la falta de pago también ha fomentado comportamientos dañinos: “Hay quienes sienten que es su derecho romper una tubería matriz para conseguir agua. Eso deja a comunidades enteras sin suministro durante días y causa pérdidas que pueden durar años”.
Ana Pérez, otra residente, resume el dilema:
“Somos pobres, pero entendemos que, aunque el acceso al agua es un derecho, el agua no puede ser gratis. Si alguien quiere agua, debe pagar por ella. Si no la paga, no le va a doler desperdiciarla”.
Lecciones de otras latitudes
Un ejemplo similar se vio en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde el gobierno local aumentó significativamente las tarifas de agua potable para concienciar a los ciudadanos durante la crisis de sequía. El resultado fue un cambio cultural: la población redujo el consumo y comprendió el valor del agua. El racionamiento extremo terminó sin que la ciudad colapsara. Esa medida, aunque impopular, ayudó a reducir el consumo y estabilizar el sistema.
De la abundancia petrolera a la escasez del agua
Venezuela pudo darse el lujo de tener, durante gran parte del siglo XX, una de las redes de agua potable más amplias y envidiables de América Latina. La renta petrolera permitió crear grandes infraestructuras y subsidios que sostenían el servicio sin necesidad de cobros significativos.
Pero, como señalan los analistas económicos, ese modelo se volvió insostenible.
“El gobierno de Chávez cometió errores de juicio que hoy lamentan todos los venezolanos”, explica el economista Luis Ortega.
“Chávez vivió la época de las vacas gordas —la mayor renta petrolera de la historia del país— gracias al aumento de los precios internacionales del crudo. En lugar de invertir parte de esos recursos en ampliar y modernizar las redes de servicios públicos, prefirió dar préstamos internacionales sin garantías de pago, incrementar la burocracia estatal y crear programas sociales costosos que hoy son insostenibles”.
Buena parte de esos fondos, advierte Ortega, se perdieron sin dejar infraestructura duradera. “Venezuela desaprovechó la oportunidad de modernizar su red de agua potable en tiempos de abundancia, y ahora, en tiempos de vacas flacas, el resultado es el que vemos. Pero nadie puede denunciarlo abiertamente. La retórica oficial es que todo está bien, y que los problemas son culpa de un bloqueo y una guerra económica”.
Conclusión
El agua en Venezuela es hoy un espejo del país: un recurso que alguna vez pareció inagotable, pero que se escurre entre tuberías oxidadas y promesas sin mantenimiento. En este país petrolero donde alguna vez el agua parecía infinita, los ciudadanos han aprendido a vivir con el silencio de las tuberías secas.
La crisis del agua no es solo una historia de fallas técnicas, sino el reflejo de una economía agotada y de una política que confundió derechos con gratuidad.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen adaptándose, comprando cisternas o almacenando en tanques, en una rutina que ya se volvió parte de la vida cotidiana. Miles de venezolanos siguen esperando que algún día el agua vuelva, no como promesa, sino como realidad cotidiana.
En la próxima entrega, analizaremos el servicio eléctrico, otro pilar de la infraestructura nacional que enfrenta un deterioro similar, con consecuencias que van mucho más allá de los apagones.
Este artículo original de Punto de Corte, puede ser reproducido solo si de da crédito al autor y medio.
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