El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha desestimado la recusación presentada por Enrique Márquez contra la presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, argumentando que la solicitud fue presentada fuera de tiempo. Esta decisión, reflejada en la sentencia AVP-001, ha sido un punto de inflexión en el proceso electoral que culminó con la reelección de Nicolás Maduro.
Enrique Márquez, quien se postuló por el partido Centrados en la Gente, había argumentado que la presunta vinculación de Rodríguez con el PSUV comprometía su imparcialidad en la revisión de los comicios del 28 de julio. A pesar de las “pruebas contundentes” presentadas por Márquez, el TSJ ratificó la victoria de Maduro, basándose en un peritaje realizado por expertos.
La controversia no ha terminado aquí. Márquez ha anunciado su intención de presentar un recurso de revisión ante la Sala Constitucional del TSJ, invitando a la sociedad civil a unirse en esta acción. “No es solo mi iniciativa, sino del pueblo”, declaró, subrayando la falta de transparencia en la publicación de resultados electorales.
Este episodio ha profundizado la crisis política en Venezuela, según Márquez, quien cuestiona la credibilidad del proceso electoral y la certificación de resultados sin la debida transparencia. “La elección no fue una solución, sino un problema”, afirmó, destacando la gravedad de la situación política post-elector.
La decisión del TSJ y las reacciones subsiguientes han dejado a Venezuela en un estado de incertidumbre. Con la oposición y sectores de la sociedad civil cuestionando la legitimidad del proceso electoral y la imparcialidad del poder judicial. Este caso no solo pone en tela de juicio la integridad de las elecciones, sino que también refleja la complejidad de la crisis política que atraviesa el país.
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