Caracas, 17 de agosto de 2018. El Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud de extradición de la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz y del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, para procesarlos por diversos delitos.
En un comunicado se indicó que se aprobó la extradición de Ortega Díaz para procesarla por su presunta participación en los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia y asociación.
Asimismo, el máximo tribunal decidió pedir a España la extradición de Ramírez, expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y exembajador en las Naciones Unidas, por su presunta participación en los delitos de peculado, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.
A continuación los textos oficiales del TSJ sobre ambos casos
Luisa Ortega Díaz
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal declaró procedente la solitud de extradición activa a la República de Colombia a la ciudadana Luisa Marvelia Ortega Díaz, para ser sometida a un proceso penal en territorio venezolano, por su presunta participación en los delitos de traición a la patria; usurpación de funciones; uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención; falsa denuncia o acusación y asociación.
La sentencia N° 257 de la Sala de Casación Penal, especifica estos delitos previstos y sancionados en los artículos 128, 213, 322 en relación con el artículo 319 y 313, en ese orden del Código Penal, así como los delitos de ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Rafael Ramírez
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España del ciudadano Rafael Ramírez Carreño para ser sometido a un proceso penal en la República Bolivariana de Venezuela, por su presunta participación en los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.
Los dos primeros delitos están tipificados, respectivamente, en el artículo 54 y 60 de la Ley Contra la Corrupción, y el tercero en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
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