Trinidad y Tobago | Piden investigación penal por muerte de niño venezolano

Dos abogados locales pidieron una investigación penal para determinar las circunstancias de la muerte, el pasado febrero, de un niño venezolano que migraba junto a su madre en una embarcación a Trinidad y Tobago, fallecido tras recibir varios disparos

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Caracas, 17 de mayo de 2022. Dos abogados locales pidieron una investigación penal para determinar las circunstancias de la muerte, el pasado febrero, de un niño venezolano que migraba junto a su madre en una embarcación a Trinidad y Tobago, fallecido tras recibir varios disparos.

Los letrados Christon Williams y Siddiq Manzano demandan una investigación penal por la muerte a causa de disparos de Yaelvis Sarabia Santoyo. Este es el niño venezolano de 1 año que presuntamente falleció a causa de varios tiros por parte de miembros de la Guardia Costera cuando su madre trataba de entrar de forma ilegal al país caribeño.

Williams y Manzano también quieren que se investigue si hubo manipulación de testigos o pruebas y cualquier intento de pervertir el curso de la Justicia. 29 personas que se encontraban a bordo, testigos del incidente del 5 de febrero de 2022, fueran repatriadas a Venezuela poco después del suceso.

En una carta dirigida al director de la Fiscalía, Roger Gaspard, copia de la cual fue obtenida por EFE, los abogados señalan que “la deportación de los testigos por parte de los servidores del Ministerio de Seguridad Nacional y del oficial jefe de Inmigración, alude a mala conducta en un cargo público y puede ser evidencia de interferencia intencional con una investigación criminal”.

¿Qué piden los abogados?

La carta indica que cinco días después de la muerte del menor, los abogados escribieron al Ministerio de Seguridad Nacional, al oficial jefe de Inmigración y las Fuerzas de Defensa. Solicitaban que los restantes ocupantes de la embarcación obtuvieran permisos que les permitiera permanecer en Trinidad y Tobago.

Los abogados volvieron a dirigirse al Ministerio de Seguridad Nacional poco después solicitando información sobre el estado de los migrantes. En ese momento se les comunicó que todos habían sido deportados.

Al dirigirse al Estado Mayor de la Defensa solicitando datos del suceso, la respuesta fue que no se enviaría la documentación solicitada en virtud de la sección 25 de la Ley de Libertad de Información.

No se ha dado ninguna otra respuesta por parte de las autoridades hasta la fecha, según la carta de los abogados.

Los letrados sostienen que, según la información de que disponen, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago no han realizado ninguna investigación sobre el incidente.

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