Guaicaipuro Lameda y Jesús Briceño analizan el colapso institucional y la profunda crisis de confianza en la Fuerza Armada de Venezuela tras los sismos.
El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García y el general de brigada Guaicaipuro Lameda Montero coinciden en que los terremotos del 24 de junio no solo dejaron destrucción material: también evidenciaron la fragilidad de un Estado marcado por la opacidad, la improvisación y el deterioro de sus instituciones, así como una profunda crisis de confianza en la Fuerza Armada
Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio abrieron una nueva grieta en el debate público nacional, dentro y fuera de la Fuerza Armada.
Para dos oficiales retirados de alto rango, la tragedia no solo mostró los daños provocados por la naturaleza, sino también las consecuencias de años de debilitamiento institucional, politización y pérdida de capacidades del Estado.
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El general de brigada del Ejército Guaicaipuro Lameda Montero afirmó que el país atraviesa “uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente”, marcado por la sensación de desprotección de una población que, según sostuvo, llega a percibir como agresora a la misma institución llamada a resguardarla.
A su juicio, Venezuela enfrenta el drama de una Fuerza Armada que “perdió la razón que justificaba su existencia” al apartarse del propósito republicano para el cual fue creada.
Lameda recordó que el uniforme militar no es una simple prenda, sino la representación visible de un juramento: colocar el deber por encima de la conveniencia, el honor por encima del interés personal y la República por encima de la propia seguridad.
“La Fuerza Armada existe porque la República la necesita”, señaló.
Agregó que su misión no es proteger gobiernos, ideologías ni proyectos personales, sino garantizar la soberanía nacional, defender la integridad territorial, proteger a los ciudadanos y responder con disciplina en los momentos más difíciles del país.
El oficial retirado sostuvo que, cuando una institución pierde su propósito, también comienza a perder su “alma”.
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En ese contexto, aludió a denuncias documentadas durante años por organismos internacionales, investigaciones periodísticas, tribunales y centros de análisis sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, uso político de la institución militar y presuntos vínculos de mandos con estructuras asociadas al terrorismo, el narcotráfico, la sustracción de riqueza nacional y la legitimación de capitales.
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Aunque aclaró que corresponde a la justicia determinar responsabilidades individuales, Lameda insistió en una consecuencia institucional que considera imposible de ignorar: la pérdida de autoridad moral del mando militar.
“Cuando el mando militar pierde la autoridad moral, la institución deja de proteger a la Nación y comienza a actuar en función de intereses distintos de aquellos que juró defender”, expresó.
Para el general, los acontecimientos recientes evidenciaron tanto la incapacidad de una institución “profundamente politizada” como el deterioro de la confianza ciudadana en quienes estaban llamados a defender la soberanía y proteger a la población.
Lameda Montero, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre el 2000 y 2002, también cuestionó la respuesta institucional ante la emergencia.
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Señaló que, cuando miles de venezolanos requieren rescate, transporte, logística, comunicaciones, ingeniería militar u hospitales de campaña, la actuación percibida por los afectados ha estado lejos de lo que exige la magnitud de la crisis.
Desde esa perspectiva, planteó una pregunta central:
“¿Para qué existe una Fuerza Armada que no logra responder plenamente cuando la patria la necesita con mayor urgencia?”
El general sostuvo que ninguna institución pública existe para garantizar su propia permanencia, sino para cumplir una misión.
Cuando deja de hacerlo, añadió, la sociedad tiene derecho a preguntarse si esa institución sigue mereciendo la confianza depositada en ella.
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En su reflexión, Lameda subrayó que ser militar no depende únicamente de vestir un uniforme ni de ostentar un grado.
A su juicio, lo que define verdaderamente al profesional de las armas es un código de conducta y un compromiso ético que dan sentido al juramento, al mando, al sacrificio y al uso legítimo de las armas.
Debate impostergable
Al apelar a la legislación militar venezolana, recordó que el valor, la buena fe, la rectitud y el decoro constituyen virtudes esenciales del profesional de las armas.
“No puede ser militar quien carezca de dignidad, pundonor y rectitud”, afirmó.
El oficial aclaró que su cuestionamiento no pretende juzgar a todos los hombres y mujeres que hoy visten uniforme. Dijo reconocer a quienes han servido con honor, a quienes han sufrido en silencio la degradación institucional y a quienes fueron desplazados por mantenerse fieles a su juramento.
Su crítica, precisó, está dirigida a quienes desde el mando permitieron o protagonizaron que el uniforme y el grado dejaran de representar el código moral que les daba sentido, desviando así a la institución de su propósito original.
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Frente a ese escenario, Lameda consideró necesario abrir un debate “legítimo e impostergable” sobre el futuro de la Fuerza Armada venezolana.
A su juicio, la discusión no debe limitarse a si determinados mandos pueden continuar representando a la institución.
El verdadero dilema, dijo, es si la Fuerza Armada puede ser recuperada mediante una profunda depuración ética, profesional y jurídica, o si el daño exige un proceso de refundación desde sus cimientos.
“La Fuerza Armada no se reconstruirá comprando nuevos equipos, cambiando uniformes o designando nuevos comandantes”, sostuvo. “Se reconstruirá restaurando el código moral que convierte a una persona armada en un militar al servicio de la Nación”.
El general concluyó que la decisión sobre el futuro de la institución no pertenece exclusivamente a los militares ni al gobierno, sino a la nación que requiere protección.
“Venezuela necesita una Fuerza Armada. Pero, antes que eso, necesita volver a tener militares al mando”, afirmó.
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Como cierre de su planteamiento, Lameda anunció que reproduce el Código de Honor con el que comienza la formación de un profesional del Ejército venezolano, con el propósito de que cada ciudadano cuente con un criterio propio para valorar la conducta de quienes visten uniforme.
“No fue solo el sismo”
El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García coincidió en que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 no encontraron a un país preparado, sino a una nación previamente erosionada por la destrucción de sus instituciones.
En su análisis, durante años el liderazgo profesional fue desplazado por jefaturas improvisadas, criterios políticos y decisiones tomadas al margen del mérito, la experiencia y la vocación de servicio.
Para el oficial egresado de la Armada, buena parte de los cuadros formados durante décadas de democracia fueron apartados de forma sistemática.
En su lugar, sostuvo, se impuso una estructura marcada por la obediencia política, la falta de profesionalismo y la pérdida del orgullo de pertenencia. El resultado fue un Estado sin músculo técnico para enfrentar una emergencia de gran escala.
Briceño García afirmó que, tras el impacto del 3 de enero de 2026, se intentó instalar en el discurso público la idea de una reinstitucionalización.
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Pero advirtió que reconstruir el Estado no consiste únicamente en cambiar leyes, sustituir autoridades o anunciar reformas: implica comprender cómo funcionan las organizaciones eficientes y aplicar procesos de transformación con base técnica, planificación estratégica y equipos profesionales.
Según el vicealmirante, quien fuera Comandante de la Armada, durante años se ocultaron debilidades, se maquillaron cifras y se privilegió la politización por encima de la formación de capacidades reales.
No hubo, dijo, una política sostenida para desarrollar carreras, seleccionar a los mejores, formar equipos o preparar instituciones para escenarios críticos. “La prioridad fue controlar, no servir”, resumió.
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A su juicio, la magnitud de la tragedia obliga a mirar más allá del fenómeno natural.
Muchas pérdidas, sostuvo, pudieron evitarse si los ministerios y organismos responsables hubiesen aplicado con rigor normas de construcción antisísmica, controles técnicos y políticas de prevención desde hace décadas.
Briceño García señaló que, si las instituciones de seguridad ciudadana —desde la Defensa Civil y los cuerpos policiales hasta las Fuerzas Armadas— hubiesen estado conducidas por líderes preparados, la reacción del 24 de junio habría sido distinta.
La emergencia exigía personal entrenado, equipos adecuados y una coordinación proporcional al doblete sísmico que golpeó al país.
El oficial advirtió que aún existe una ventana crítica para rescatar a miles de desaparecidos. En medio de los edificios colapsados y de las zonas más afectadas, sostuvo, Venezuela necesita especialistas, voluntarios formados y equipos capaces de actuar con método, disciplina y humanidad.
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Quienes tengan conocimiento en Defensa Civil, rescate, ingeniería, salud, logística y reconstrucción están llamados a integrarse a una tarea que ya no admite demoras.
Para Briceño García, la desgracia venezolana no puede explicarse solo por la violencia de la naturaleza. También es consecuencia de años de deterioro institucional.
Por eso, concluyó, la reconstrucción del país exige algo más que levantar estructuras: requiere recuperar un Estado eficiente, disciplinado, despolitizado, democrático y orientado al progreso.
Tomado de Infobae
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