Caracas, 31 de julio de 2019/.- El economista Manuel Sutherland, en exclusiva para Punto de Corte, se refirió al caso Citgo – Crystallex, el cual de acuerdo al último fallo de una corte de apelaciones de EEUU, permitiría a la minera canadiense expropiada por Hugo Chávez, tomar parte de los activos de la refinería venezolana, para cubrir lo que le adeuda el Estado venezolano por dicha acción.
A juicio de Sutherland, “la expropiación no se hizo de la manera adecuada, lo que generó la demanda que finalmente ganó la minera por 1200 millones de dólares”.
Considera que Crystallex de manera “astuta” comenzó a ir en contra de activos de Venezuela en el extranjero y se fueron contra PDVSA.
“Luego un fondo litigante compró las deudas de Crystallex y están peleando por ellas. De alguna manera poco oscura el gobierno de Nicolás Maduro accedió pagar una indemnización parcial y que se retirara la demanda, pero Crystallex rompió el acuerdo y volvió a ir en contra en tribunales”, recordó.
Sobre el procurador especial José Ignacio Hernández, designado por Juan Guaidó, Sutherland señala que éste “fue testigo como experto venezolano, para decidir que PDVSA y Citgo son alter ego de la República y por lo tanto deben pagar sus deudas”.
Lamentablemente ese tribunal declaró a Citgo como activo embargable en 2018 y, hace poco se ratificó en apelaciones la decisión.
“José Ignacio Hernández entra como procurador especial por Guaidó, creo que no es el formal, porque no está dirigiendo la Procuraduría de la nación. Él a mi juicio tiene un grave conflicto de intereses en este caso, porque él había dicho que Citgo y PDVSA son alter ego de la República y si deberían ser garantías en caso de impago”, subraya el economista.
Destaca que “alguien que hace una declaración así como experto, debería ser la última persona en litigar y defender los activos de Venezuela en esa circunstancia”.
Sin embargo, aclara que José Ignacio Hernández, no es el responsable de lo que está ocurriendo con la reciente decisión que afecta los activos de Citgo. “La responsabilidad viene de 2002, y sigue en el periodo de los gobiernos bolivarianos”.
Apunta que “la designación de Hernández, profundiza el error cometido y deja al desnudo la capacidad de defender un activo tan importante”.
Sutherland considera que en las mesas de negociaciones, debe discutirse la “necesidad de no emitir deuda nueva, de no pagar deuda externa, y la necesidad de pedir a EEUU o a la ONU que se levanten medidas de protección de activos externos por la crisis humanitaria”.
“Lamentablemente no se está haciendo nada de eso, y hay intereses oscuros que se están lucrando con esto”, advierte.
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