Caracas, 23 de septiembre de 2021.-
Escándalo en el poder judicial militar. Destituido el presidente de la Corte Marcial, lo sustituye el Fiscal General Militar, a la vez que ponen preso en Fuerte Tiuna, por presunta extorsión, a un juez militar que había sido perseguidor implacable de militares presos políticos, entre ellos a los del llamado Golpe Azul.
Nicolás Maduro repite lo que hizo en el 2017 con la destitución del Presidente de la Corte Marcial y Presidente del Circuito Judicial Penal Militar, al destituir al Mayor General (Ej) Edgar José Rojas Borges y nombrar en su lugar a quien ocupaba el cargo de Fiscal General Militar, Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero.
Rojas Borges, a quien le dicen “Papelón”, ha sido responsable directo del triángulo que materializó la tortura en Venezuela contra militares y civiles. Tampoco la remoción de Alfredo Enrique Solórzano Arias pasa desapercibida porque ha sido señalado como un juez totalmente complaciente con los cuerpos de seguridad del Gobierno, y actuó de manera injusta contra varios detenidos.
Estalló una red de corrupción y extorsión lo que habría causado la destitución de Solórzano Arias y se haya ordenado su detención; ahora se encuentra preso en la cárcel de Policía Militar en Fuerte Tiuna; lo recluyeron justamente frente a la celda del teniente coronel Mogollón, de manera que pasó de perseguidor a preso.
Edgar José Rojas Borges fue destituido de un plumazo, a través de la resolución 42548, con fecha 17 de septiembre de 2021, la cual fue suscrita por el Ministro de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, recalcando que lo hace por disposición de Nicolás Maduro Moros, en base al artículo 78 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley Constitucional (figura que no existe en el ordenamiento judicial venezolano) de la Fuerza Armada Bolivariana.
Ese mismo día, 17 de septiembre, con la Resolución 42549, sacaron al Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero de la Fiscalía General Militar y lo enviaron a la presidencia de la Corte Marcial. El nuevo Fiscal es el General de Brigada José Daniel Monsalve Maldonado.
Para Rojas Borges complacer las órdenes del régimen prevaleció y por ello no consideró peticiones de familiares de las víctimas, ignoró denuncias contra la actuación de jueces militares, algunas extremadamente crueles.
Algunas de esas denuncias ignoradas fueron contra la juez primera de control, Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, quien violó en reiteradas oportunidades los derechos humanos de los militares de Comandos del Mar. Otra denuncia ignorada por el ex presidente de Corte Marcial es contra el juez Mickel Enrique Amezquita Pión, de quien Katherine Dayana Guerrero Martínez, esposa del Primer Teniente (Ej) Luis Alejandro Mogollón Velázquez, denunció en octubre de 2020 que después de la audiencia con el juez Amezquita Pión, el 15 de diciembre 2017, hubo contra su esposo tratos crueles e inhumanos por parte del entonces director de Ramo Verde, Capitán de Navío José Ramón Boston Silva, y personal de custodios como el Capitán de Corbeta Pinto Verde.
El poder
Las resoluciones con las cuales Padrino López plasma los cambios en la Corte Marcial y la Fiscalía General Militar se basan en dos artículos, que no dan mayor explicación, pero que revelan cómo se designa a esos funcionarios. Es decir, Nicolás Maduro decide esos nombramientos, como hizo en el 2017, como si la administración de justicia militar fuera legalmente subalterna suya.
En el 2017, Maduro destituyó al entonces presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar, General (Ej) Henry Timaure Tapia, a quien reemplazó por quien ejercía el cargo de Fiscal General Militar, Edgar José Rojas Borges, el mismo que tres años después sale sustituido por quien ocupa la Fiscalía Militar.
Ocurre un hecho aberrante, como se ha tratado de hacer costumbre en la administración de justicia en Venezuela y es nombrar a un juez en cargos de fiscal y viceversa, sin que importe que el fiscal actuara en ese mismo tribunal.
Adicionalmente se está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo artículo 261 dice expresamente: La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.
Y si eso dice el artículo 261 hay que referirse sin vacilar al artículo 255: “El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia”. ¿Entonces cómo es que Nicolás Maduro decide y Padrino López aprueba que esos nombramientos se hagan violando la Constitución? A menos que haya considerado arbitrariamente que la jurisdicción penal militar no es parte del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo o tal vez que con el cuento de la Ley Constitucional o del Código Orgánico de Justicia Militar, del año 1998, asuma que hay un ordenamiento jurídico por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (año 1999).
El general Padrino López, por otra parte, está ignorando ese Código Orgánico de Justicia Militar, que en su artículo 33 expresa: “Para la formación de la Corte Marcial el Ministro de la Defensa presentará a la Corte Suprema de Justicia, al iniciarse cada periodo constitucional, dentro de los 30 primero días una lista de 15 individuos, 12 oficiales y tres abogados. De esa lista la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) escogerá los principales…”.
Ahora ocurre con el Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero, lo mismo que Rojas Borges en el pasado, pasa de ser juez de las personas a quienes acusó.
Tomado de Infobae
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