Caracas 4 de noviembre de 2021. El Fiscal General de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, consideró este jueves que actualmente en Venezuela no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Saab indicó que el Estado venezolano ha entregado “a la Fiscalía de la Corte 8 informes que compilan más de 3 mil páginas de información; sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales a los fines de individualizar y procesar a responsables de violaciones a derechos humanos”.
“Desde noviembre de 2020, sólo recibimos acuses de recibo sin el intercambio de información necesario para cumplir con el principio de complementariedad. Tampoco recibimos ninguna respuesta significativa de parte de la Fiscalía de la CPI para iniciar un diálogo sobre los casos revisados”
“A pesar de estas diferencias con la Fiscalía de la CPI, este memorando de entendimiento apunta a acabar con el silencio de la Fiscalía; y abre las puertas a una complementariedad positiva entre el estado venezolano y esta instancia jurídica internacional (…) Cuando hablamos de complementariedad positiva, nos referimos a que la Fiscalía de la Corte deberá cooperar activamente acompañando al Estado; en todo lo que requiera para investigar y sancionar”, agregó.
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“Tenemos conocimiento de que muchas las denuncias que llegaron hasta la CPI no cumplen con formalidades, por ejemplo, al no ser denunciadas en territorio nacional sino en medios de comunicación y redes sociales”, indicó.
Recalcó que “las partes acuerdan establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Esto implica que la cooperación deberá ser real y que el Fiscal podrá visitar el país para realizar su investigación, siempre en el marco de la complementariedad”.
“Hasta ahora no ha habido diálogo significativo con la Fiscalía de la Corte y el principio de complementariedad se ha visto vulnerado, porque no se ha valorado la información enviada por nuestra institución. Esperamos que la visita del Fiscal Karim Khan cambie el panorama y podamos lograr la respectiva sanción y reparación a las víctimas (…) En esta fase de investigación, ya no trabajaremos a ciegas con la Fiscalía de la CPI, que deberá informar a este MP cuáles casos está investigando y qué información posee que pueda permitir que avancen las investigaciones que se están realizando en el país”, dijo.
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“Nosotros respetamos a las víctimas. Nos hemos reunido con ellos o sus familiares. Nuestro Ministerio Público ha creado el Servicio de Abordaje a las Víctimas. Debo recordar que durante las protestas violentas de 2017 hubo 155 personas fallecidas, según las investigaciones de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. De éstas, 65 casos son atribuibles a la acción de manifestantes (42%), 43 casos atribuibles a funcionarios (28%), 29 atribuibles a la acción de civiles (19%) y 2 casos consecuencia de problemas de salud preexistentes (1%). Hay 16 casos por determinar (10%)”, aseveró Saab.
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