Caracas 12 de agosto de 2021.
La agenda del ciclo de diálogo y negociaciones que, al parecer, va a iniciarse entre el gobierno y la oposición reconocida por el Reino de Noruega y el resto de la comunidad internacional que sigue con atención el proceso venezolano incluye temas cruciales para el país y para los sectores democráticos. Sin embargo, ninguno como el que sería obtener garantías para que en 2022 la oposición pueda convocar el referendo revocatorio.
No desconozco el significado de la situación de los presos políticos, a muchos de los cuales -entre ellos Freddy Guevara, Roland Carreño y Juan Requesens- el régimen los acusa de hechos fantasiosos con el único propósito de tenerlos como fichas de cambio y formas de intimidación.
Otro asunto importante es el tratamiento de las condiciones electorales de los comicios regionales de noviembre. El gobierno despojó de las siglas a los legítimos líderes de Acción Democrática e ilegalizó a Voluntad Popular, sin que se decida a retornarles esas organizaciones a sus dirigentes genuinos.
El éxodo masivo de venezolanos es otro asunto fundamental. La descapitalización del país afecta la productividad y las posibilidades de recuperación nacional, a la vez que está sometiendo a numerosos compatriotas a condiciones denigrantes porque los países receptores sufren, al igual que el resto del planeta, el impacto de la pandemia. El deterioro de la calidad de vida por la inflación galopante y el colapso de los servicios públicos constituye otro asunto de interés colectivo de primer orden.
Es cierto que la mayoría de los venezolanos se pronuncia a favor del contacto entre el gobierno y la oposición. Ese respaldo se aprecia entre los maduristas y los opositores moderados. Solo los grupos más radicales de ambos bandos se oponen al acercamiento o no le encuentran ningún sentido. Lo consideran una farsa y una pérdida de tiempo. Los opositores estiman que Maduro y su gente solo quieren ganar tiempo, creando la ficción de que es posible pactar acuerdos significativos. Por el lado de los seguidores del régimen, los extremistas piensan que a la oposición no se le debe conceder ninguna tregua. El gobierno juega con esas dudas. Crea incertidumbre y estimula las sospechas.
Pero, también sabe que la administración de Joe Biden no levantará las sanciones hasta ver algunos cambios en el comportamiento de Maduro y su entorno. En esta empresa ha incorporado a la Unión Europea y a Canadá, socios de mucho peso. El gobierno venezolano puede despreciar a la oposición endógena. Lo que no le conviene es hacer lo mismo con el gobierno de la primera potencia mundial, que se planteó desde sus inicios recuperar su protagonismo en el escenario diplomático mundial, abandonando el aislacionismo egocéntrico impulsado por Donald Trump. Maduro está viendo las penurias de sus pares en Cuba. Preferiría evitar que las sanciones y el aislamiento internacional sigan confinándolo.
*Punto de Corte no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus autores, quedando entendido que son responsabilidad de sus autores
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