23 abril, 2024

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Mario D´ Andrea | Ley para regularizar a las ONG viola los artículos 207 y 208 de la Constitución venezolana

Mario D´ Andrea | Ley para regularizar a las ONG viola los artículos 207 y 208 de la Constitución venezolana

En el programa de nuestro medio de comunicación Punto Internacional, el periodista Alejandro Sauce tuvo como invitado al abogado, defensor de derechos humanos, integrante de la asociación civiles en derechos humanos, Mario D´ Andrea, quien habló sobre la propuesta de ley que realiza el oficialismo para regularización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

En primer momento, D´ Andrea resaltó que es importante alertar a la población venezolana sobre los ataques y amenazas que hay sobre la sociedad civil, es decir, que no solamente son las ONG.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO DE LEY SOBRE LA FISCALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ONG?

El abogado refirió que la aprobación en primera discusión de la ley para regularizar y fiscalizar las actividades de las organizaciones independientes del Estado, es un proyecto que desde su “nacimiento ha violado la constitución e incluso el reglamento de interior y debate de la Asamblea Nacional”.

Otro punto destacado por el entrevistado es que los artículos 207 y 208 de la Constitución, y el 101 y 104 del reglamento de interior y debate. Es un proyecto que “busca regular de sobremanera e injustificadamente a las organizaciones de la sociedad civil”.

En esta misma línea, D´ Andrea refirió que bajo esta ley, el Estado pretende “perseguir, amenazar o cerrar el espacio cívico de cualquier otra manifestación de voluntad y de cualquier asociación”, tal como sucede en Nicaragua.

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¿EXISTEN EN EL MUNDO ESTE TIPO DE ESTATUTOS PARA REGULAR A LAS ONG?

El abogado indicó que si bien en “ciertas partes del mundo se regula a la sociedad civil, en algunas partes del mundo han ocurrido circunstancias en que estas se utilizan para cometer crímenes, así como ocurre con otras figuras jurídicas”.

En este sentido, recordó que hay regularizaciones de las organizaciones en varias partes del mundo, “y Venezuela no es la excepción y esa es parte de las falacias y las mentiras que está diciendo el Estado venezolano”.

El ejecutivo oficialista sostiene que en el territorio venezolano “no existe regulación, que hay que poner orden para la transparencia y la regularización. Pero no es cierto, desde el año 2.000 hasta el presente se han  al menos cinco sentencias con carácter vinculantes, es decir, hoy en día son efectivas por parte del sistema venezolano, que cercenan el espacio cívico, pues limitan el concepto de sociedad civil y establecen una serie de requisitos que contravienen los estándares internacionales, e incluso prohíben expresamente el financiamiento y cooperación internacional”.

Las ONG que son asociaciones civiles y fundaciones “están reguladas por el Código Civil, Código orgánico tributario, la ley de impuesto sobre la renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, las ordenanzas municipales y de impuesto donde estas se ubiquen, ley orgánica del trabajo, entre otras”.

¿QUÉ BUSCA LA ADMINISTRACIÓN OFICIALISTA?

El defensor de derechos humanos indicó que la administración de Nicolás Maduro en su interés de limitar a las asociaciones ha dictado una serie de normativas desde el año 2010, las cuales son:

  • Ley de defensa de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (2010)
  • La Ley contra la delincuencia organizada y Financiamiento al terrorismo (2012)
  • Estatuto de Alistamiento y registro para la Defensa Integral (2014)
  • Ley constitucional contra el odio, convivencia pacífica y tolerancia (2017)

El entrevistado también recordó que existe en contra de las fundaciones el registro especial automatizado de ONG no domiciliadas en el país. De igual manera existe una “circular de número 06524 de la Sudeban, que controla u ordena a los bancos nacionales controlar todos los movimientos bancarios de una asociación civil”.

D´ Andrea acotó que existe la “providencia 0022021, que también las organizaciones rechazamos, porque establece que las organizaciones tienen que probar su inocencia frente a presuntos delitos de delincuencia organizada”.

Sobre este tema, indicó que los argumentos dados en la AN de 2020 no tienen validez, ya que las ONG sí están reguladas, ya que existe marco jurídico, mismo que a juicio del abogado es “excesivo en contra de la sociedad civil”.

 ¿QUÉ DEBEN INFORMAR LAS ONG?

La opinión del defensor de DD. HH. indicó que la estrategia del gobierno venezolano es jugar a una “desviación de poder”, esto tomando en cuenta que las asociaciones si están regidas por distintos estatutos hoy vigentes, además, existe un registro de estas organizaciones.  

Ahora, con la reciente propuesta de ley, las fundaciones pasarán de notificar al registro que creo una ONG a recibir una autorización para que esto pueda suceder.

¿LAS ONG HAN TENIDO ACCESO A LA LECTURA DE ESTA PROPUESTA DE LEY?

Con respecto al acceso a la ley, el experto indica que cuando fue presentada la propuesta de ley, no se presentó el documento completo, es por ello que se habla de una vulneración a los artículos de la carta magna y el reglamento del Parlamento.

En este sentido, D´ Andrea recalcó que los altos funcionarios del gobierno que impulsan esta legislación, no cumplieron con dar a conocer el documento, aun cuando debe ser público porque es un asunto de interés nacional.

Hasta este 31 de enero, la AN 2020 no ha publicado el proyecto de ley, aseguró el abogado. Es por ello que cuestiona la aprobación de la ley en primera discusión, ya que no se conoce el contenido de la misma.

VULNERACIONES HACIA LAS ONG

  • Debe hacerse una actualización anual, lo que se traduce a que determinada asociación tendrá solo un año de vigencia
  • “Si no se cumplen los registros que existen en este proyecto de ley, las asociaciones no existen”
  • Hablan de unas multas de hasta 200 petro, que serían cerca de 3.000 dólares”
  • Apertura de procesos administrativos que “disuelvan la organización”

Por último, el abogado indicó que en Venezuela se siguen los pasos de países como Rusia y Nicaragua donde el espacio cívico es reducido, además, volvió a recalcar que el proyecto va a atentar contra la sociedad civil y el Estado de derecho.

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Con información de Punto Internacional – Punto de Corte

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