El defensor de derechos civiles, Rafael Narváez, exige justicia por la muerte de Víctor Hugo Quero y denuncia la existencia de 27 fallecidos bajo custodia del Estado.
El defensor de derechos civiles, Rafael Narváez, calificó hoy al sistema de justicia venezolano como una “funeraria en capilla ardiente”. Esta declaración surge tras confirmarse la muerte de 27 ciudadanos bajo custodia del Estado durante los últimos meses.
Narváez exigió rendición de cuentas inmediata al Ministro de Relaciones Interiores, al Fiscal General y a la Defensora del Pueblo. También señaló directamente a los directivos del CICPC y el DGCIM por estos hechos atroces.
El abogado enfatizó el caso de Víctor Hugo Quero, quien sufrió un entierro clandestino tras su detención en 2025.
Los familiares de la víctima vivieron un calvario de desinformación mientras recorrían instituciones buscando respuestas sobre su paradero.
El Estado ocultó el fallecimiento de Quero a su madre, Carmen Navas, hasta que el cuerpo ya estaba sepultado de manera irregular. Esta falta de transparencia evidencia la descomposición institucional que impera actualmente en las instancias penales del país.
El exparlamentario instó al Tribunal Supremo de Justicia a romper su disciplina partidista para recuperar la autonomía establecida en la Constitución Nacional.
Narváez solicitó procesar penalmente a los responsables de este crimen horrendo para enviarlos definitivamente a prisión. El jurista advirtió que, de no actuar, los magistrados seguirán arrodillados ante un Ejecutivo Nacional que ignora los derechos fundamentales.
La investigación debe incluir a la cadena de mando completa por permitir prácticas de tortura y ocultamiento de cadáveres.
El defensor recordó que el daño causado a la señora Navas es irreparable debido a la crueldad del aparato represivo estatal. Según su análisis, el sistema actual prefiere proteger a los victimarios antes que garantizar el derecho a la vida de los detenidos.
Investigación urgente sobre el sistema de justicia y el protocolo forense
La exhumación del cuerpo de Víctor Hugo Quero careció de expertos de alto nivel como anatomopatólogos calificados durante el procedimiento legal. El Estado envió a funcionarios de segundo nivel y prohibió la participación de técnicos forenses privados en la diligencia.
Esta irregularidad busca, según el abogado de la UCV, entorpecer el hallazgo de evidencias sobre posibles torturas físicas.
El sistema de justicia debe demostrar su capacidad de investigar a los actores, coactores y cómplices involucrados en este suceso. Narváez duda de la imparcialidad del proceso, pues considera que ningún gobierno tiene la voluntad real de investigarse a sí mismo.
Los responsables de dirigir las averiguaciones son, en muchos casos, los mismos que permitieron la desaparición y muerte del joven. Es imperativo que organismos internacionales vigilen estas actuaciones para evitar que la impunidad se consolide sobre el dolor de las familias venezolanas.
Nota de Prensa
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