Caracas, 16 de abril de 2018/-. El portal Reporte Confidencial realizó una entrevista a su asesor en materia jurídica, el abogado Antonio González Abad, sobre el antejuicio de mérito del presidente Nicolás Maduro Moros, solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y que deberá contar con la autorización por parte de la Asamblea Nacional.
Al respecto, este martes el parlamento venezolano realizará la discusión correspondiente para decidir si autoriza o no el procedimiento, ante la mirada y cuestionamientos de diferentes sectores del país.
Recientemente, Leocenis García, dirigente del movimiento Prociudadano, publicó en su cuenta de Twitter que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia exige dos tercios de votación, para poder autorizar el antejuicio al presidente Maduro. ¿Es eso cierto?
Al respecto, el abogado Abad responde: No, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia vigente no dice eso, es una mentira pura y dura, “El mentado señor se equivocó, invoca un artículo derogado. La actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia data del año 2010. En la versión vigente se cambió la redacción del artículo 110 por ser inconstitucional. La Constitución Nacional nada dispone sobre una votación de dos tercios para autorizar el antejuicio”.
“La Constitución solo menciona el antejuicio del presidente de la República en su artículo 266, ordinal segundo. Nada se dispuso sobre algún procedimiento especial o alguna exigencia de votación ad hoc para hacer esa autorización”, explica.
Agrega que las autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y, “si una norma de mayor jerarquía (como lo es la Constitución) no especifica algún requisito para algo, tampoco se pueden improvisar a través de una norma de menor jerarquía”.
También recordó que en 1980 el ex presidente Carlos Andrés Pérez “estuvo sometido a un procedimiento similar con ocasión del caso Sierra Nevada (aunque no fue propiamente un antejuicio y había dejado de ser presidente en 1.979) y en aquella oportunidad la mayoría simple en el Congreso se rompió con el voto del entonces diputado José Vicente Rangel. Traigo esto a colación solo para ilustrar que la Constitución de 1.961 nada disponía sobre ese particular y a nadie se le ocurrió en aquella época inventarle un privilegio para CAP para tratar de salvarlo de un juicio”.
¿Tiene alguna validez un antejuicio solicitado ante un Tribunal en el exilio?
“Lo primero que hay que acotar es que no existen antecedentes históricos sobre Tribunales que hayan funcionado en el exilio, lo único que recuerdo que pudiera asemejarse a una situación de esta especie es el caso del denominado Tribunal Russell, que trató de enjuiciar desde Europa la política de los EEUU sobre la guerra de Vietnam, pero insisto, ésta situación que vivimos los venezolanos (con un Tribunal en el exilio) es absolutamente atípica y sin precedentes. En segundo lugar, en la Asamblea Nacional no le corresponde hacer un juicio de valor sobre la juridicidad de la decisión adoptada por aquel ente, la consideración debe ser meramente política, porque ésta es la idea del mecanismo de antejuicio; y de la decisión del martes -a mi modo de ver las cosas- lo más trascendente será el reconocimiento o no, por parte de la Asamblea, de aquella instancia; cuyos integrantes fueron electos en 2.017 en razón de las denuncias que se hicieron sobre la validez de los nombramientos hechos en cabeza de los denominados magistrados “express”…
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