Caracas, 5 de diciembre de 2019/.- La discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico, fue diferida el 03 de diciembre en la Asamblea Nacional (AN), al tiempo que se encienden las alarmas, por las nuevas divisiones que se generan entre las fracciones parlamentarias, por la aprobación de dicho texto legal.
La diputada Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, junto a otros miembros de la Asamblea Nacional, fue quien introdujo el proyecto legal que deberá entrar en su primera discusión.
Igualmente, se han comenzado a generar diversas matrices de opinión, sobre quiénes manejarían dichos recursos, si los mismos permitirán realmente solucionar la crisis eléctrica del país, y si su aprobación, significaría un reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro, para ejecutar los trabajos correspondientes, a través de entes gubernamentales.
El borrador del proyecto, sujeto a modificaciones en la AN, al cual tuvo acceso la redacción de Punto de Corte, señala que: “Se autoriza a la República Bolivariana de Venezuela para contraer con la Corporación Andina de Fomento un endeudamiento hasta por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 350.000.000,00) mediante la celebración de operaciones de crédito público, instrumentadas en contratos de crédito, contratos de préstamo, colocación de títulos o a través de la apertura de créditos de cualquier naturaleza, cuyos fondos se destinarán a la ejecución del mecanismo de asistencia financiera y técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico”.
En una nota publicada por la AN, el proyecto de ley fue diferido, “con la finalidad de buscar un consenso parlamentario entre todas las fracciones políticas que forman el pleno…”
“La propuesta de este préstamo es gestionada por la Asociación Grupo de Boston y el Comité Eléctrico del Colegio de Ingenieros de Venezuela, y surgió de los acuerdos que estas organizaciones están impulsando entre sectores del oficialismo y la oposición bajo la idea de lograr acuerdos mínimos”, indica PetroGuía.
El diputado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) por el estado Zulia, Enrique Márquez, resaltó que: “Se recibirán recursos importantes de parte de la Corporación Andina de Fomento, CAF, para rescatar generadoras termoeléctricas e instalar nuevos generadores eléctricos, lo cual estará además blindado con un mecanismo de administración transparente que es una de las preocupaciones principales de todos los sectores”.
De acuerdo al parlamentario, los recursos que otorgará la CAF, estarán a cargo del PNUD, organismo que según indicó, revisará los contratos, adjudicará y, adicionalmente, operaría los primeros 3 años.
“Dicho proyecto, aportará al país cerca de 1200 megavatios para suplir las necesidades de varios estados que afrontan situaciones caóticas en cuanto al suministro de electricidad”, asegura.
El posible financiamiento, ha generado que los promotores, confronten a otros de sus compañeros en el seno del parlamento, para la aprobación del mismo.
“No podemos condenar a millones de venezolanos a quedar sin luz hasta que Maduro se vaya del poder”, dijo Óscar Rondero, diputado (Voluntad Popular) del estado de Nueva Esparta.
De acuerdo a una nota de AFP, “Rondero apuntó que los miembros de su partido, expresaron reticencias, mientras que Primero Justicia, que controla el bloque más grande del congreso, se opone abiertamente a la propuesta”.
Tras el nuevo apagón que se produjo esta semana en el Zulia, el diputado Elías Matta de UNT, también señaló en su cuenta Twitter: “A esta hora nuevo mega apagón en Maracaibo, casi toda la ciudad sin servicio eléctrico. Es importante aprovechar recursos que están en la CAF para atender esta crisis humanitaria en el sector eléctrico. La @AsambleaVE y el presidente @jguaido debemos atender urgente este tema”.
Argumentos para salvar su voto del bloque Concertación Por Venezuela
De manera extraoficial, también llegó a la redacción de Punto de Corte, un texto de las observaciones y razones para salvar su voto, que realizó el pasado 3 de diciembre, el grupo parlamentario Concertación por Venezuela, conformado por: Carlos Berrizbeitia, Delsa Solorzano, Deyalitza Aray, Kelly Perfecto, María Conchita Mulino, Ana Salas, Simón Calzadilla, Franklin Duarte, Williams Gil, Manuel González.
A continuación, un extracto de los argumentos:
1. Consideran que el tratamiento del punto no cumple con el procedimiento establecido en el reglamento.
2. A su vez señalan que, no han sido suficientemente expuestos un conjunto de elementos, en momentos en que el país exige total transparencia
3. Piden especificar el plan de inversiones en el que se vea claramente, en qué se va a gastar el dinero, el organismo que va a ejecutar el crédito y los procesos de contratación.
4. Señalan que no conocen si se aplicará el estado de excepción económica
5. Igualmente subrayan que, el proyecto no especifica qué tipo de asistencia será ejecutado: Donación, permuta, crédito reembolsable, crédito pagadero a futuro, ni los plazos y tasas de interés.
6. La fracción dice desconocer el informe de las interpelaciones e indagaciones relacionadas con el proyecto que debe presentar la Comisión de Finanzas
7. Hacen alusión a las observaciones que han realizado especialistas y que, consideran deben responderse, entre ellas: La posibilidad de reparar maquinarias existentes; conocer sobre disponibilidad de combustible y su costo, antes de adquirir nueva maquinaria; elaborar un informe técnico sobre las plantas de generación actual y del estado de las interconexiones; recuerdan que la rehabilitación también es una opción que debe ser analizado por especialistas con informes técnicos.
¿Qué ocurre con el proyecto?
De acuerdo a una nota de Reuters: “CAF confirmó vía correo electrónico que el préstamo se destinará al Gobierno de Maduro. El ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a las solicitudes sobre este caso, al igual que la cartera de Finanzas y Corpoelec”
El borrador de la propuesta contempla el control y supervisión del Pnud del préstamo, sin precisar quién pagará el financiamiento de la CAF.
Sobre la ejecución del proyecto, el borrador señala que: “Todas las autoridades nacionales, estadales y municipales, entes descentralizados y cualquier otro ente u órgano que forme parte de la Administración Pública prestarán su colaboración y asistencia a las actividades que se realicen en ejecución del mecanismo de asistencia financiera y técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico y deberán abstenerse de obstaculizar, impedir o demorar su ejecución”.
Es allí dónde queda expresado que, efectivamente entes gubernamentales, bajo el poder del ejecutivo, controlado por Maduro, estarán involucrados en la ejecución del proyecto, entre ellos Corpoelec.
Sin embargo, el borrador del texto legal, establece que: “La Asamblea Nacional ejercerá la vigilancia, supervisión y control sobre las actividades necesarias para la debida ejecución del mecanismo de asistencia financiera y técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico, así como en lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones asociadas al endeudamiento contraído por la República Bolivariana de Venezuela”.
Uno de los interesados en la aprobación del crédito, que se encuentra fuera del parlamento, es el ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales (UNT), quien a través de un video señala: “El Zulia y otros estados del país se encuentran a la expectativa por la aprobación de Ley de Emergencia del Sector Eléctrico por la AN, la misma dará alivio a la tragedia eléctrica y será financiada por la CAF y ejecutada y supervisada por la ONU y el PNUD durante 3 años”.
A pesar de que el financiamiento ofrece brindar soluciones a la crisis, el reconocido ingeniero Wiston Cabas, entrevistado por Fedecamaras Radio, el 5 de diciembre, señala que: “Ese endeudamiento con la CAF es necesario por cuanto, ayudaría a aliviar la situación que se vive en el occidente del país. Pero, aliviar no es solucionar”, aclaró.
Asimismo, Miguel Lara, exgerente de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, dijo a El Pitazo que “los creadores del proyecto no consideraron la recuperación del sistema de suministro de gas para las centrales térmicas a objeto de minimizar su dependencia de combustibles líquido. «Ellos se basan en instalar más unidades para las cuales se deberá importar el combustible que usan, ya que de utilizar el nacional las unidades por comprar quedarán indisponible en corto tiempo, tal como ocurrió con las unidades que ya adquirió Venezuela, que no están funcionando y que son reparables por menor costo que lo presupuestado».
Expertos sacan cuentas…
Son 350 millones en total que se invertirían en el sistema eléctrico nacional, de ellos, 231.500.000 se invertirán en el Zulia.
Sin embargo, de acuerdo a una investigación de El Pitazo, “de esa cantidad, USD 194 millones estarían destinado para la incorporación de 240 megavatios en unidades de Generación de Respuesta Rápida o unidades de Fast Power… El monto de pago de esas unidades sería de USD 120 millones, a los que hay que sumarle unos USD 7 millones por gastos de traslado e instalación, según estimaciones de especialista consultados. La cifra total es de USD 67 millones inferior a los indicado en la propuesta de endeudamiento”, subraya.
Según el experto citado por el portal, Miguel Lara: “Lo que proponen es hacer más de los mismo que viene haciendo Corpoelec: Compras inconvenientes que no son solución sino mayor despilfarro de dinero que solo beneficiaría a compradores, intermediarios y vendedores, sin escrúpulos, en perjuicio de la sociedad venezolana”.
Asimismo, para Los Andes, la propuesta estima un monto de USD 42.000.000 para recuperar 450 Mw instalados en la planta Don Luis Zambrano (Mérida), pero ahí sólo hay una de sus tres unidades fuera de servicio. La central produce 185 Mw, de acuerdo con un reporte de Corpoelec del 28 de noviembre.
El ingeniero José Aguilar, consultor internacional en análisis de riesgos eléctricos, afirma para el mismo medio que, “es excesivo ese costo. Lo que queda pendiente por normalizar es una sola unidad Siemens y eso no cuenta USD 42 millones. Una unidad nueva similar está por el orden de los USD 35 millones. Reparar esa unidad no supera el 5 por ciento del monto solicitado en el endeudamiento”.
A continuación Proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico:
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