La ONG Provea condenó este martes la persecución sistemática que el régimen de Nicolás Maduro ejerce contra la familia del primer teniente José Ángel Rodríguez Araña, un militar exiliado en Estados Unidos. La organización reportó la desaparición forzada de cinco familiares, incluyendo a los padres del teniente, Neida Coromoto Araña Díaz, de 51 años, y José Isabel Rodríguez, de 71, en Barinas. El hecho ocurrió la madrugada del 13 de abril, cuando encapuchados armados irrumpieron en su hogar, allanaron la vivienda y se llevaron pertenencias sin mostrar identificación.
Horas antes, Neida había denunciado en un video el hostigamiento constante de desconocidos. “Exijo al fiscal Tarek William Saab que actúe. No somos criminales, mi hijo no está en Venezuela”, expresó. Provea alertó que Neida sufre hipertensión y arritmias, mientras José, un adulto mayor, también está en riesgo. Desde la desaparición, no hay información oficial sobre su paradero ni estado de salud.
Desapariciones forzadas agravan la persecución
El caso se suma a las detenciones de tres familiares en enero: Gilbert Araña, primo del teniente, el 22 de enero, y Génesis y Daniela Araña, hermana y prima, el 24 de enero, en Barinas y Maracay. Provea señaló que estas acciones reflejan un patrón de represalias contra el entorno de Rodríguez Araña, perseguido desde 2017 por su oposición al régimen.
Trayectoria de un militar perseguido
Rodríguez Araña, exmiembro de la FANB, se unió en 2017 al movimiento disidente “La Espada de Dios” para derrocar a Maduro. Detenido ese año por la DGCIM, enfrentó torturas en Ramo Verde, incluyendo descargas eléctricas y aislamiento. Tras fugarse en noviembre de 2017, buscó asilo en Perú y luego en Estados Unidos. En 2019, participó en la “Operación Aurora”, un alzamiento en Bolívar donde se sustrajo armamento militar.
Exigencia de justicia y derechos
Provea calificó estas desapariciones como violaciones al artículo 45 de la Constitución, que prohíbe la desaparición forzada, y al artículo 44, que garantiza comunicación y defensa a los detenidos. La ONG exigió al Estado informar inmediatamente sobre el paradero y condiciones de los cinco familiares, respetando su vida e integridad. La comunidad internacional también observa este caso como evidencia de la represión en Venezuela.
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