(Caracas, 07 de diciembre de 2017).- La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública que se reunió este miércoles en la Casa Amarilla, tiene listo el informe sobre los hechos de violencia política ocurridos en 2017, según informó hoy la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez.
“Ya hemos culminado un informe muy claro, una caracterización de la violencia ocurrida en el año 2017, desde el 3 de marzo hasta el 30 de julio, inclusive cuando el pueblo fue víctima de ataques premeditados, organizados, y financiados por sectores extremistas de la oposición venezolana”, dijo en declaraciones a la prensa.
Rodríguez indicó que antes de que culmine este año el documento que contiene información sobre las razones que motivaron la violencia este año, los protagonistas y promotores, y también sobre los victimarios y víctimas, será dado conocer al país.
Ese es el “mandato que está contenido en la Ley de creación de esta instancia para la convivencia pacífica, presentando mecanismos para la tolerancia, para el reconocimiento mutuo de la diversidad, pero que también contemplan procesos de justicia”, puntualizó Rodríguez en compañía del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
Sumarán hechos violentos de 2014.
La presidenta de la Comisión para la Verdad, también adelantó que en enero de 2018 la instancia emprenderá un trabajo para abordar los casos surgidos de los eventos violentos políticos ocurridos en 2014.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, indicó que en el órgano que dirige ya se encuentran denuncias de víctimas y familiares de los sucesos de 2014. “Quieren que se reabran esos casos”.
“La Salida”, promovida entre febrero y junio de 2014 fueron dirigidos por Leopoldo López y María Corina Machado, asegura el gobierno venezolano.
Ruiz mencionó que también se incluirán casos del Golpe de Estado de 2002. Hay “casos pendiente por la justicia”, subrayó.
“Es importante que se dé la justicia para que haya paz”, expresó el defensor del Pueblo.
Comisión de la verdad no incluye a víctimas de los cuerpos de seguridad
Según las conclusiones de un informe publicado por la Oficina del ACNUDH, de las 124 muertes relacionadas con las protestas que se encontraban sujetas a investigación por el Ministerio Público hasta el 31 de julio, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27 de los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos.
Durante el periodo que abarca el informe, del 1 de abril al 31 de julio, el Ministerio Público inició investigaciones sobre no menos de 1.958 casos de lesiones registrados en el contexto de las manifestaciones. El análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando. En la primera mitad de abril, la mayoría de las lesiones se debieron a la inhalación de gas, mientras que en julio el personal sanitario estaba tratando a heridos de armas de fuego.
“Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número. En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas”, declaró Zeid.
Hay 299 presos políticos en Venezuela.
El 1° de agosto el Foro Penal Venezolano contabilizó 620 presos políticos, de los cuales 488 fueron liberados en los 4 meses siguientes. Simultáneamente, pese a que en ese período no se registraron protestas en el país, el gobierno privó de libertad a 167 personas.
A la fecha, 299 permanecen detenidas. La ONG advierte sobre esta práctica del gobierno de Nicolás Maduro, que define como el “efecto de la puerta giratoria de los encarcelamientos”.
Alfredo Romero, director Ejecutivo de la ONG, indicó que esta situación ocurre desde el año 2014. “Es algo metódico de los regímenes dictatoriales, como en China. Dan libertad a algunos presos políticos para crear una percepción de que están liberando personas, pero a la vez encarcelan a otros. La línea de liberaciones y encarcelaciones es paralela”.
“El gobierno hace mucha publicidad de algunas liberaciones, pero calla cuando se producen otras encarcelaciones”, indicó Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
Señaló que la disminución de la cifra de presos políticos no obedece a que se cumplió una de las exigencias de la oposición en la mesa de diálogo, “sino porque al gobierno le está resultando desde el punto de vista nacional e internacional muy costoso”.
Comité de Familiares de Presos Políticos no participa en el diálogo
El Comité de Familiares de Presos Políticos no se encuentra oficialmente incorporado a las negociaciones de diálogo que mantiene la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Yamile Saleh, madre de Lorent Saleh, preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, desmintió que todos los familiares de presos políticos avalen que se negocie por ellos.
“Es falso que la mayoría cree en esa mesa de negociación. Los presos han manifestado que no se los puede seguir chantajeando, porque no pueden aceptar cualquier juego que se le ocurra al gobierno”, alertó Saleh.
“Reiteramos nuestro pedido y es inequívoco: exigimos la libertad de todos los presos políticos de Venezuela“, expresó el grupo en un comunicado que fue difundido previo a las conversaciones que sostuvo la MUD con el gobierno nacional, el pasado e1 y 2 de diciembre en Santo Domingo.
Los firmantes del comunicado denunciaron que en Venezuela “no existe estado de derecho”, y acusan a la llamada revolución bolivariana de aplicar “persecución política para silenciar a los que piensan diferente”.
Con información de VTV, EL NACIONAL Y EL UNIVERSAL.
