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(Caracas, 11 de octubre de 2017).- La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, hace un llamado a los electores para que participen masivamente en las elecciones regionales y que voten por candidaturas despolarizadas, que no respondan ni a los partidos de la MUD ni al PSUV, o en su defecto, a que voten nulo donde no haya candidatos que tengan un perfil independiente de ambos polos, reseñó Aporrea.
Dicha exhortación, “es por la Venezuela que cree en la necesidad de la recuperación y profundización de la democracia”, y fue plasmada en un documento suscrito el 9 de octubre, por los ex ministros y ex ministras del presidente Chávez: Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez, Oly Millán, Edgardo Lander, Santiago Arconada, Esteban Emilio Mosonyi, Freddy Gutiérrez, Cliver Alcalá Cordones, y los miembros del partido Marea Socialista: Juan García, Carlos Carcione, César Romero y Gonzalo Gómez.
A continuación, le mostramos el contenido íntegro de dicho documento reseñado por Aporrea.
Llamado a votar por candidatos despolarizados o con voto nulo en las elecciones regionales del 15 de octubre
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
Hacemos un llamado a participar en las elecciones regionales programadas para el 15 de octubre, a pesar del comprensible escepticismo ciudadano sobre la utilidad de éstas.
Con el fin de preservarse en el poder a como dé lugar, el gobierno de Nicolás Maduro ha sacrificado un logro fundamental del proceso bolivariano, un sistema electoral no solo totalmente automatizado, sino transparente y confiable, con múltiples mecanismos de control y auditoría que garantizó durante años que los resultados anunciados correspondían fielmente a la voluntad de los votantes. Sin embargo, a partir de la derrota del gobierno en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, el CNE ha tenido una profunda transformación y se ha convertido en un instrumento incondicional al servicio de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Esto ha quedado claramente al desnudo con la suspensión del referéndum revocatorio del año pasado; con la suspensión de las elecciones regionales que tenían, de acuerdo a la Constitución, que realizarse obligatoriamente en diciembre de ese mismo año; con el fraude de las elecciones de la llamada Asamblea Nacional Constituyente; con el manejo arbitrario de los lapsos para inscribir candidatos y el bloqueo al proceso de sustitución y modificación de candidatos para los comicios regionales del 15 de octubre; con la no-convocatoria de las elecciones de los Consejos Legislativos Regionales, a pesar de que estas elecciones tenían que realizarse en diciembre del año pasado. Las pocas horas en las cuales permitió el CNE la inscripción de candidatos, obligó a todas las organizaciones no identificadas con el gobierno a inscribir candidatos sin debates internos y sin posibilidad alguna de primarias o negociaciones con otras organizaciones. De acuerdo a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, las organizaciones postulantes podrán sustituir o modificar sus candidatos o candidatas “hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”. Ya se superó ese límite temporal, que era el 5 de octubre, y el CNE, en violación flagrante de la ley, no autorizó las modificaciones. Por esta vía se busca expresamente generar confusión entre los y las electoras al impedir que se retiren candidatos que habían sido inscritos provisionalmente, pero que luego optaron por renunciar como consecuencia de acuerdos políticos o de elecciones primarias. En caso de que a última hora autoricen estas modificaciones, con seguridad las rectoras del CNE argumentarán que ya no hay tiempo para modificar las boletas electorales. La no-convocatoria a las elecciones de los Consejos Legislativos Regionales busca limitar severamente el poder de los gobernadores no oficialistas que resulten electos en esta contienda electoral, ya que prácticamente todos los Consejos Legislativos actuales son controlados por el gobierno.
Todo esto busca provocar desconfianza en el CNE, generando escepticismo y apatía con el fin de garantizar el más elevado nivel de abstención posible y así maximizar las probabilidades de que el PSUV logré preservar más gobernaciones.
De la misma forma, hay sectores extremos de la oposición de derecha que nunca han creído en la Constitución del año 1999 y consideran que un proceso electoral con alta participación contribuiría a legitimar dicha Constitución, conjurando de esa manera las vías de una salida violenta.
Precisamente porque un elevado nivel de abstención es el objetivo que busca tanto el gobierno como ese sector de la oposición de derecha, es por lo que la respuesta ciudadana tiene que ser todo lo contrario, acudir masivamente a los centros de votación para lograr el mayor nivel de participación posible, y lograr el doble objetivo de recuperar la elecciones como forma de procesar las diferencias y para garantizar que los resultados electorales correspondan al actual nivel de rechazo al gobierno por parte de la población.
En estas elecciones regionales, la abstención favorece al gobierno que con seguridad continuará utilizando amenazas y chantajes para lograr que los empleados públicos y los beneficiarios de los programas sociales se sientan obligados a votar a favor de sus candidatos. Fomentando la abstención por un lado y presionando a una parte de la población para que lo respalde, busca unos resultados electorales que tienen poco que ver con las actuales preferencias políticas de la población venezolana. De ser este el resultado, eso conduciría a profundizar las tendencias autoritarias que caracterizan al gobierno de Maduro.
Al hacer un llamado a la participación electoral, no estamos de modo alguno planteando que la respuesta a estas tendencias autoritarias deba ser la de votar por los candidatos y candidatas de la MUD. Su única oferta electoral ha sido la salida de Maduro. No han presentado a los y las electoras un proyecto alternativo de país, más allá de la nostalgia por los tiempos de la IV República. Su programa de gobierno, que si lo tienen, es la aplicación de un ajuste neoliberal de efectos aún más regresivos que el que está aplicando el gobierno actual, la privatización de empresas y servicios públicos, y la apertura indiscriminada del país a las corporaciones transnacionales. Pero no lo pueden anunciar, perderían muchos votos. Esta coalición de partidos, al igual que el gobierno busca preservar la actual polarización política y presentarse como la única alternativa al gobierno-PSUV. Sin embargo, hoy estos dos polos han dejado de representar a la mayoría del país. En forma sistemática, las encuestas de opinión más confiables indican que alrededor de 60% de la población no se identifica ni con el gobierno-PSUV ni con la MUD.
Las elecciones regionales del 15 de octubre constituyen una extraordinaria oportunidad para comenzar a darle expresión política a esa otra Venezuela que rechaza la violencia a la cual nos tienen sometidos estos dos bandos. Es una oportunidad para demostrar que esa otra Venezuela existe. Es la Venezuela que cree en la necesidad de la recuperación y profundización de la democracia. Es la Venezuela que busca defender la Constitución del año 1999, únicas reglas del juego con las cuales contamos para impedir que las diferencias existentes en la sociedad solo se puedan dirimir sobre la base de la concepción de la política como un enfrentamiento entre amigos y enemigos y en que la victoria sea entendida como la derrota definitiva del otro, su exterminio. Es la Venezuela que exige que, más allá de la conveniencia política de los sectores polarizados, se tomen medidas inmediatas ante la severa crisis humanitaria que hoy vive el país. Es la Venezuela que rechaza la generalizada corrupción tanto pública como privada hoy existente. La Venezuela que exige una auditoría ciudadana de la deuda pública y una inmediata renegociación de dicha deuda de manera que los limitados recursos financieros del Estado no se dediquen al pago puntual de la deuda mientras la población carece de alimentos y medicamentos básicos. Es la Venezuela que rechaza el proyecto neoliberal, entreguista y genocida del Arco Minero del Orinoco mediante el cual el gobierno de Maduro pretende reemplazar el depredador régimen rentista del petróleo con un extractivismo aún más depredador: el minero. Es la Venezuela que exige el estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas tal como estos están contemplados en la Constitución del año 1999, derechos que no solo han sido sistemáticamente violados durante los últimos lustros, sino que hoy están amenazados con su eliminación por parte de la llamada Asamblea Nacional Constituyente. Es la Venezuela que reconoce el agotamiento del modelo petrolero rentista y su corrupto Estado clientelar y busca la construcción de otro modelo productivo diversificado, descentralizado y democrático, donde se le dé prioridad a la soberanía alimentaria y una relación no depredadora con el entorno.
¿Cómo pueden utilizarse las elecciones de gobernadores para impulsar esta agenda? Como no se trata de elecciones nacionales, sino de elecciones regionales, la respuesta dependerá de la situación de cada estado. En muchos estados del país se han presentado candidaturas independientes de los dos bloques polarizados, candidatos que buscan la construcción y expresión de este otro espacio de la sociedad venezolana. Cuando estos candidatos o candidatas, expresen en sus programas, aunque sea parcialmente las orientaciones generales que aquí hemos planteado, recomendaríamos votar por ellos o ellas. Cuando, por el contrario, no existan candidatos despolarizados o candidatos que cumplan con estos criterios, llamamos de todas maneras asistir al acto de votación y votar nulo. Esa es una muy clara posibilidad de contarnos.
Lo más importante es derrotar la abstención activamente promovida tanto por el gobierno como por sectores extremos de la derecha opositora y demostrar en forma contundente que esa otra Venezuela no identificada con los dos bloques polarizados sí existe. Y existe porque, esa otra Venezuela que empieza hacerse visible, no solo tiene una expresión política regional sino también nacional que se expresa en votos: votos dirigidos a candidatos no polarizados que contengan en sus programas los criterios aquí planteados y votos nulos para rechazar los pactos y acuerdos cupulares que vienen comprometiendo territorios de la Nación a favor de corporaciones empresariales y financieras nacionales y extranjeras que violentan nuestra soberanía nacional.
Caracas, 9 de octubre 2017
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