Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos de Venezuela enviaron una carta abierta al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Las instituciones solicitan que el mandatario colombiano promueva el respeto al orden constitucional y las garantías fundamentales durante la próxima visita de Delcy Rodríguez a territorio neogranadino.
La comunicación surge tras la designación de Rodríguez como “presidenta encargada” por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 3 de enero de 2026. Los activistas manifiestan una profunda preocupación por la situación institucional del país vecino y piden el acompañamiento del Estado colombiano en la defensa de principios democráticos regionales.
Cuestionamientos a la sucesión presidencial
El documento señala que la designación de la funcionaria carece de fundamento constitucional claro en los artículos 233 y 234 de la Carta Magna venezolana. Estos apartados regulan taxativamente los procedimientos para sustituir al Presidente en casos de falta absoluta o temporal. Según las organizaciones, la interpretación judicial del TSJ genera serios cuestionamientos jurídicos al no establecer límites temporales al ejercicio del poder.
La misiva destaca que el fallo judicial reconoce una situación “no prevista literalmente” en la Constitución, lo cual debilita la separación de poderes. Esta irregularidad en el procedimiento de sucesión presidencial motiva la petición de auxilio internacional para preservar el Estado de derecho en Venezuela y evitar mayores fracturas institucionales.
Peticiones clave para el encuentro bilateral
Las ONG solicitan específicamente que los encuentros bilaterales incluyan la promoción de cuatro principios fundamentales para la estabilidad democrática regional. Primero, exigen la defensa de la legalidad constitucional y el control efectivo de los poderes excepcionales. Segundo, instan a garantizar los derechos civiles, el debido proceso y la libertad de todos los presos políticos.
Asimismo, las organizaciones piden condiciones para que los ciudadanos ejerzan su soberanía mediante procesos electorales auténticos, libres y verificables. Finalmente, abogan por el fortalecimiento de la institucionalidad y el cese de la persecución por motivos políticos en el territorio venezolano. Consideran que Colombia puede ser un mediador clave para el retorno a la normalidad democrática.
Coalición por la libertad y la justicia
Entre los firmantes de esta importante iniciativa destacan la Asociación Civil Los Naguaritos, Caleidoscopio Humano y el Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual (CAIPI). También se sumaron el Centro Justicia y Paz (CEPAZ), el Comité por la defensa de los derechos humanos parroquia Coche y el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos.
Otras voces aliadas incluyen a Conexión Segura y Libre, Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, la Fundación Iribarren en Lucha y Hablamos DDHH. La lista continúa con Labo Ciudadano, Laboratorio de Paz, La TV Calle, Movimiento SOMOS, Nosotras Por Todas y el Movimiento Unidos por el agua y los DDHH.
Unidad de la sociedad civil organizada
El respaldo se extiende al Observatorio Global de Comunicación y Democracia, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ y la ONG Hombres por la Equidad e igualdad. Además, participan la ONG Migrantes Venezolanos Desaparecidos (MIVED), el Observatorio Digital Probox VE, Red DDHH en Acción, Red DDHH del estado Lara y Redes Ayuda.
Cierran el petitorio la Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto y la organización Voto Joven. Todas estas agrupaciones coinciden en que el liderazgo de Gustavo Petro puede contribuir decisivamente a soluciones institucionales duraderas. Confían en que el mandatario priorice el respeto a la dignidad humana en la agenda bilateral con la administración de Caracas.
Fuentes: Carta Abierta al Presidente de la República de Colombia.
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