Siete organizaciones internacionales de derechos humanos solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina permitir la continuidad de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Las organizaciones presentaron un escrito de amicus curiae luego de la audiencia del 7 de octubre. La petición busca aportar sólidos argumentos jurídicos sobre el alcance de las inmunidades diplomáticas frente a delitos internacionales. Suscriben el documento Redress, Legal Action Worldwide, Partners in Justice International, Cejil, DPLF, Alerta Venezuela y la FIDH.
Argumentos jurídicos sobre las inmunidades y antecedentes internacionales
Las ONG argumentaron que el rango militar de los funcionarios señalados no les otorga inmunidad personal ante tribunales extranjeros. La protección diplomática absoluta se reserva a jefes de Estado, jefes de Gobierno y cancilleres en ejercicio. Respecto a la inmunidad funcional, las instituciones sostuvieron que esta protección no debe paralizar investigaciones por genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Para respaldar la solicitud, citaron antecedentes judiciales recientes de Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, España y Suecia.
La jurisdicción universal y el precedente de la población rohinyá
Las organizaciones recordaron como antecedente la causa abierta en Argentina por las agresiones contra la población Rohinyá en Myanmar. En ese caso, un juez argentino emitió órdenes de detención contra más de 20 funcionarios civiles y militares de ese país.
Las ONG consideran que este procedimiento sienta un precedente clave para aplicar el principio de jurisdicción universal en territorio argentino. La decisión final de la Cámara de Casación definirá el avance de la causa.
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