El contralmirante Daniel Comisso Urdaneta advierte que hablar en la Asamblea General de la ONU no concede legitimidad política ni elimina la represión interna. Ante la posible intervención del gobierno venezolano, cuestiona la falta de transformación real del aparato represivo.
Comisso Urdaneta cuestiona que mandatarios democráticos, autócratas, dictadores y jefes de regímenes señalados por violaciones de derechos humanos compartan el mismo escenario en la Asamblea General de la ONU.
Su advertencia es frontal: hablar desde ese podio no concede legitimidad política ni borra la represión interna.
La Asamblea General de las Naciones Unidas vuelve a colocarse frente a una contradicción tan antigua como incómoda: el mismo foro que invoca la democracia, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos abre su micrófono a todo jefe de Estado o representante gubernamental, sin que el tipo de régimen que encarna parezca impedirle hablar “en nombre” de una nación.
La polémica surge ante el anuncio que Delcy Eloína Rodríguez Gómez, mandataria interina de Venezuela, hable ante la ONU.
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Así lo expresa el contralmirante retirado Daniel Lino Comisso Urdaneta, una de las voces militares críticas más firmes la llamada “Revolución Bolivariana”.
Egresado de la Escuela Naval de Venezuela en el año 1975 como integrante de la promoción Almirante Padilla, se autodefine como un oficial estrictamente institucional y apegado al mandato constitucional.
Recuerda el oficial que desde hace décadas, por el podio de la ONU han pasado presidentes, jefes de Estado, caudillos revolucionarios, dirigentes autoritarios y figuras acusadas de conducir sistemas represivos. Fidel Castro, Nikita Jruschov, Muamar el Gadafi, Idi Amin, Yasir Arafat, Robert Mugabe, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Nicolás Maduro forman parte de una larga galería de intervenciones que dejaron ruido, propaganda y titulares, pero no necesariamente mejoras reales para los pueblos a los que decían representar.
Destaca que luego de esas intervenciones “lo que sí ha sucedido es que ninguno de los primeros logró la legitimidad que nunca tuvo, así como como tampoco los segundos la fortaleció”.
Respuesta amarga
“Muchos no entendemos el porqué de esta determinación de la ONU en permitir que todo jefe de Estado, sin importar si representa una democracia, una autocracia o una dictadura represiva, pueda presentarse y hablar a nombre de su pueblo”, sostiene el contralmirante Comisso Urdaneta.
La pregunta no es menor. En la lógica diplomática, la ONU reconoce Estados y permite que sus representantes intervengan en el debate general. Pero en la lógica política y moral, el problema es otro:
¿puede un régimen señalado por reprimir, encarcelar, torturar o perseguir a su población presentarse ante el mundo como portavoz legítimo de esa misma población?
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Comisso subraya que la historia ofrece una respuesta amarga. Ninguna intervención espectacular convirtió en legítimo a quien no lo era. Ningún discurso encendido reparó la fractura entre gobernantes y gobernados. Ningún aplauso diplomático sustituyó el voto libre, la justicia independiente o la ausencia de presos políticos.
“Es allí donde debemos fijarnos”, afirma. Para él, el punto central no está en la fotografía del mandatario ante el podio, sino en lo que ocurre después: si el pueblo vive mejor, si cesa la persecución, si se desmontan las estructuras de control y si las instituciones dejan de ser instrumentos de dominación. La experiencia, sostiene, indica lo contrario.
El debate se vuelve más áspero ante la posibilidad, adelantada por distintos medios, de que la presidente interina del Estado venezolano intervenga en la próxima Asamblea General.
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El señalamiento llega en un momento especialmente delicado, porque como expresa Comisso Urdaneta, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó en su más reciente informe de septiembre 2026 que el aparato represivo del país permanece intacto pese a cambios políticos limitados.
La Misión documentó la continuidad de detenciones arbitrarias, torturas, obstáculos contra la sociedad civil y la falta de medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos armados progubernamentales.
El cuadro es contundente: aun cuando se han registrado excarcelaciones y una reducción de algunas formas severas de represión, la propia misión de la ONU advierte que esos cambios no equivalen a una transformación del sistema que hizo posibles los abusos.
Las leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los cuerpos de seguridad conservan sus estructuras y prácticas, y funcionarios previamente señalados por graves violaciones continúan en posiciones clave.
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En ese contexto, Comisso considera que una eventual intervención venezolana ante la Asamblea no sería una demostración de fortaleza institucional, sino la confirmación de una anomalía: un régimen cuestionado por organismos internacionales usando el foro internacional más visible para proyectar normalidad política.
“Mayor ilegitimidad, imposible. Sin embargo, hasta ahora, allí estará”, concluye el contralmirante. Luego remata con una frase de aire popular venezolano que funciona como advertencia y condena: “¿Quieren que les cuente el cuento del gallo pelón?”.
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