Caracas, 28 de octubre de 2019/.- En el marco de la celebración de la Conferencia de la Solidaridad para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, que se realiza en Bruselas, un grupo de organizaciones que asisten a personas migrantes y refugiados venezolanos: Servicio Jesuita para Refugiados, Cooperazione Internazionale (COOPI), CARE, International Council of Voluntary Agencies, Plan International, World Vision, emitieron una declaración conjunta, en representación de un amplio número de ONG nacionales e internacionales activas en Latinoamérica y El Caribe.
Se proyecta que para diciembre 2019 el número de personas desplazadas de Venezuela será superior a 5 millones y su tendencia continuará a corto plazo. Esta situación ha representado desafíos complejos y multidimensionales no solo para los gobiernos de la región, sino también para las comunidades receptoras, las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil que trabajan para asistir y brindar protección a las poblaciones afectadas.
ONG llaman a facilitar los principios de acción humanitaria en Venezuela y en la región:
La crisis no disminuirá hasta que las causas de la crisis sean atendidas de forma conjunta por los gobiernos y una más amplia comunidad internacional. Mientras tanto, la ayuda y protección humanitaria deberían ser siempre brindadas según los principios humanitarios, neutralidad, imparcialidad e independencia, tomando en cuenta el género y la diversidad. La respuesta debe atender las verdaderas necesidades de las personas, dándole prioridad a los casos más urgentes sin ningún tipo de distinción según la nacionalidad, raza, religión, género, sexo, creencias religiosas, clase o postura política. Las acciones humanitarias no deberían tomar bandos en hostilidades o controversias de naturaleza política, racial, religiosa o ideológica; y debería ser autónoma de objetivos políticos, económicos, militares o de cualquier otro tipo.
Mientras se destacan las necesidades de una solución política comprensiva, las ONG llaman por compromisos claros y concretos de las partes interesadas para permitir a los actores humanitarios brindar asistencia y protección de acuerdo a las necesidades y los principios humanitarios, libre de cualquier instrumentalización política. La verdadera solidaridad con los venezolanos y las comunidades anfitrionas solo puede ser materializada bajos los principios básicos de la acción humanitaria, incorporados apropiadamente perspectivas de género, edad y diversidad, con aproximaciones diferenciales e interseccionales.
Solicitar medidas para aumentar la asistencia, la protección y las soluciones duraderas
Debido a las terribles circunstancias y vulnerabilidades experimentadas por los venezolanos en su país natal así como durante su desplazamiento en la región, es importante para escalar y coordinar medidas para brindar asistencia, protección y soluciones duraderas, conmensurar las necesidades tanto de los desplazados como las comunidades receptoras. Esta es una responsabilidad compartida, que necesita de contribuciones de un amplio rango de actores de la región y más allá.
La presencia de la sociedad civil en la mayoría de las zonas más remotas e inaccesibles, con raíces profundas y fuertes conexiones con las poblaciones locales, brindando protección y asistencia relacionada a Violencia de Género (VG), ayuda y apoyo para la salud mental y psicosocial, y proyectos WASH, a toda Venezuela y los países receptores. A pesar de las continuas restricciones y dificultades, organizaciones de la sociedad civil continúan brindando servicios básicos indispensables a comunidades con necesidades, y la defensa de los derechos humanos: libertad de expresión, y ambiente. En las comunidades anfitrionas las OSC proveen de espacios seguros con ayuda de emergencia (incluyendo unidades móviles), servicios legales y educativos con un foco particular en las niñas, mientras se incentiva la integración y solidaridad entre los anfitriones y las comunidades desplazadas.
Este trabajo necesita ser sostenible. Tales actividades son críticas para asegurar una respuesta efectiva y sostenible que atienda todos los retos causados por esta crisis. Es particularmente crucial trabajar para fortalecer la capacidad de las organizaciones locales.
Para apoyar el llamado a incrementar la solidaridad con los países y las comunidades anfitrionas, las ONG llaman por solidaridad para extender sus propias operaciones y asegurar contribuciones continuas en el terreno, mientras las condiciones lo requieran.
Además, las ONG recomiendan:
Políticas de fronteras abiertas, incluyendo acceso a la reunificación familiar en la región, al incentivar coordinación bilateral y articulación que permita la permanencia regular. Las ONG están preocupadas por algunas políticas que aún condicionan el ingreso al territorio a la presentación de documentación casi imposible de obtener para la mayoría de los venezolanos (pasaportes, visas especiales, o documentos legales del gobierno de Venezuela). Las fronteras cerradas incentivan a las personas a tomar rutas migratorias irregulares y empujan a las personas hacia los contrabandistas, traficantes de personas y reclutamiento forzado para grupos armados. El principio de no devolución debería ser respetado como la expresión primaria de solidaridad y co responsabilidad.
En particular, dadas las necesidades de protección internacional, los países deben usar la definición más amplia de la Declaración de Cartagena de 1984 de refugiado y las normas interamericanas aplicables al determinar el estadus de los venezolanos en su territorio. En esta perspectiva, la cooperación internacional debe contribuir a mejorar los sistemas de asilo en los países que albergan a esta población, para que los casos sean abordados y respondidos de manera oportuna y eficiente.
El derecho a tener la nacionalidad al nacer para los niños nacidos en su territorio debe garantizarse mediante leyes y estrategias que prevengan y erradiquen la apatridia, garanticen el registro inmediato del nacimiento y reconozcan la validez de los documentos de identidad legal vencidos. Los documentos provisionales deben reemplazarse por otros más permanentes, teniendo en cuenta que se trata de una crisis que no se superará en corto plazo. Alrededor de 1.1 millones de niños desarraigados de Venezuela requerirán protección y acceso a servicios básicos en la región en 2019, un número que se espera que aumente en 2020.
Se debe brindar apoyo a los países de acogida con recursos técnicos y financieros para mejorar sus sistemas de ingreso y procesamiento, de modo que puedan administrar de una forma más «humana» los flujos migratorios. Es necesario priorizar la gestión de la información, la producción de datos y mejorar el financiamiento para crear conciencia y garantizar que esta crisis reciba la atención que merece de la comunidad internacional.
Una política de datos abiertos, respetando los estándares de protección de datos, es fundamental para garantizar que las ONG y otros actores puedan llevar a cabo una respuesta eficaz y ágil. Un mapeo también es fundamental para evitar duplicaciones en la respuesta y garantizar que los venezolanos desplazados y las comunidades de acogida puedan acceder a los servicios que necesitan. El acceso a la información también es reconocido como un derecho humano por parte de las comunidades afectadas, como parte de su derecho más amplio a la información y puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con el desplazamiento.
Se debe aumentar la cooperación internacional para proporcionar una respuesta humanitaria que satisfaga las necesidades de los afectados, tanto dentro de Venezuela como en los países de tránsito y de acogida, incluido el acceso a alimentos, vivienda, educación y salud. Los estados deben actuar particularmente de manera coordinada para hacer que los requisitos de documentación sean más flexibles para la población venezolana, y también se deben hacer esfuerzos para garantizar el reconocimiento de títulos educativos y credenciales profesionales, así como la integración en el mercado laboral para los venezolanos en el extranjero. Esto requiere garantizar que la policía y el poder judicial estén capacitados en los derechos laborales de los refugiados y migrantes, reduciendo el costo de registro para títulos profesionales y evaluando las políticas de medios de vida para garantizar que no impongan impuestos excesivamente onerosos y restrictivos a los refugiados y migrantes. También es crucial tener un enfoque de género, mitigando la proliferación de riesgos de abuso y explotación sexual en el contexto de crisis.
Las ONG recomiendan encarecidamente fortalecer el sistema de agrupaciones en los países de la región para garantizar una buena coordinación entre los actores humanitarios y una respuesta humanitaria eficiente. Esto incluye mejorar el intercambio sobre prácticas e información, teniendo en cuenta las capacidades locales. También se requieren medidas más estrictas de responsabilidad para garantizar la transparencia en la forma en que se utilizan e implementan los presupuestos. La creación de foros de ONG también ayudará a abordar conjuntamente los desafíos operativos y los problemas de coordinación; La sociedad civil no debe ser excluida de los diálogos y formulaciones de propuestas que puedan generar soluciones a la crisis.
Las ONG exhortan a todas las partes interesadas a reconocer que el discurso de odio y la discriminación afectan a los venezolanos que buscan seguridad y apoyo en toda la región. Las tendencias xenófobas, que tienen una dimensión de género, están en clara contradicción con la solidaridad internacional y el intercambio de responsabilidades, lo que dificulta los esfuerzos para proporcionar asistencia humanitaria y protección. Se deben desarrollar medidas apropiadas para prevenir y responder a esas tendencias y construir sociedades acogedoras. Los países de acogida deberían generar campañas para construir sociedades acogedoras y una cultura de fraternidad, reconociendo las contribuciones positivas que puede aportar la población migrante y refugiada. Se necesitan con urgencia expresiones concretas de solidaridad con los venezolanos desplazados, los países anfitriones y las comunidades.
Las ONG consultadas en el desarrollo de esta Declaración apoyan plenamente los objetivos de esta conferencia. Esperamos que esta reunión envíe un fuerte mensaje político de apoyo a los países que acogen a los venezolanos y que genere conciencia sobre esta crisis para reforzar el compromiso de la comunidad internacional de ayudar y responder a esta salida masiva de venezolanos.
Las ONG enfatizan su llamado a una mayor cooperación técnica y financiera internacional, y se comprometen a apoyar el impulso hacia la Conferencia Internacional de Promesas de Contribuciones del próximo año.
Las ONG seguirán comprometidas y abogarán para que la conferencia y sus promesas se cumplan, además, la creación de nuevos compromisos, en lugar de reciclado, que incluyan financiamiento no asignada y por varios años. La conferencia de contribuciones también debe aclarar de antemano el mecanismo de seguimiento para garantizar que las contribuciones se asignen y supervisen de manera transparente, de modo que se pueda evaluar el progreso realizado y mantener el impulso de solidaridad.
Las ONG también destacan que las poblaciones afectadas, los países anfitriones y las comunidades necesitan apoyo ahora y en el futuro. Existe una sensación de urgencia que requiere compromisos y acciones concretos inmediatos que deberían utilizar un enfoque de triple nexo, al abordar simultáneamente las necesidades urgentes, el desarrollo y las necesidades de cohesión social.
Dado que la solidaridad no puede esperar, las ONG exhortan a todas las partes interesadas a hacer uso de esta conferencia y otros hitos importantes en los próximos meses para mostrar expresiones tangibles de solidaridad y poner en marcha un mecanismo que dará como resultado una exitosa Conferencia Internacional de Compromiso de múltiples partes interesadas en 2020 .
El Foro Global de Refugiados de diciembre es uno de esos hitos principales, una oportunidad excepcional para que los Estados miembros y otras partes interesadas anuncien contribuciones preliminares e intercambien buenas prácticas en apoyo a la respuesta humanitaria en la región:
El sector privado podría desempeñar un papel decisivo en la integración económica de las poblaciones desplazadas, facilitando así también la integración social.
Todos los tipos de ONG deben cooperar para garantizar que sus competencias y prácticas sean para una mejor respuesta a la crisis, garantizando una gestión transparente de la financiación y el respeto de los códigos de conducta.
Las ONG reconocen el aumento del financiamiento que los bancos multilaterales de desarrollo han proporcionado para satisfacer las necesidades a más largo plazo de las poblaciones desplazadas y los Estados anfitriones e instan a los donantes bilaterales a que contribuyan a estos fondos.
Los donantes deben aprovechar su financiamiento para incentivar políticas mejoradas y estandarizadas en toda la región para apoyar a las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida a través de la protección, la documentación y la regularización del estatus, asegurando el acceso a la educación, la atención médica y el trabajo.
En conclusión, es importante evitar respuestas unilaterales y maximizar las acciones y respuestas coordinadas y de propiedad conjunta entre los gobiernos de la región. Las intervenciones también deben desarrollarse en consulta con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la población venezolana. Por ejemplo, los Estados involucrados en el Proceso de Quito deberían permitir una participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil, permitiéndoles compartir los problemas que presencian en el campo y hacer sugerencias para posibles soluciones, servicios disponibles y un mejor sistema de comunicación entre actores humanitarios.
Tomado de Examen Onu Venezuela
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