La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos escuchó este miércoles los duros testimonios de cuatro importantes organizaciones no gubernamentales. Las activistas expusieron la profunda crisis institucional y humanitaria que padece Venezuela, agravada recientemente por los sismos de junio y la captura de Nicolás Maduro. Martha Tineo, Beatriz Borges, Laura Cristina Dib e Isabel Carlota Roby lideraron el debate frente a los congresistas James P. McGovern y Chris Smith.
Sismos y debilidad institucional
Beatriz Borges, directora de Cepaz, enfatizó que los terremotos expusieron la fragilidad de un país sin instituciones sólidas. Los desastres naturales no generaron la crisis, sino que desnudaron el costo humano del desmantelamiento democrático. Por su parte, Laura Cristina Dib, de WOLA, coincidió en que la emergencia exige el retorno inmediato al Estado de derecho. Antes del sismo, la ONU estimaba que más de siete millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria, una cifra que aumenta de forma alarmante mientras la población sufre la falta de servicios básicos.
Persecución política y presos políticos
La persecución sistemática y las detenciones arbitrarias centraron la intervención de Martha Tineo, representante de Justicia, Encuentro y Perdón. Tineo denunció que el Estado venezolano mantiene tras las rejas a 598 presos políticos. Las defensoras afirmaron que, aunque la detención de Maduro abrió una ventana de oportunidad y facilitó la liberación de unos 700 prisioneros, el régimen actual de Delcy Rodríguez continúa aplicando leyes represivas. Además, el gobierno sigue criminalizando a la disidencia mediante normativas como la ley antiONG, diseñada para asfixiar el espacio cívico nacional.
Una ruta hacia la democracia
Isabel Carlota Roby, abogada del Centro Robert F. Kennedy, solicitó a los legisladores estadounidenses mantener el apoyo financiero para los programas de derechos humanos. Las portavoces instaron al Congreso de Estados Unidos a presionar por la liberación incondicional de todos los detenidos. También exigieron la restitución de la libertad de prensa y el diseño de una ruta electoral creíble. Las activistas recordaron que los venezolanos tienen el derecho inalienable de elegir libremente a sus líderes en un proceso justo y transparente.
El rol clave de la comunidad internacional
Las ponentes instaron a la administración estadounidense a no pactar beneficios económicos que ignoren las demandas sociales de la población. Las ONG advirtieron que Washington debe condicionar cualquier flexibilización o acuerdo petrolero al cumplimiento de estándares estrictos de derechos humanos. La reconstrucción de Venezuela requiere justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Solo con el apoyo internacional decidido y la movilización activa de la sociedad civil local, el país podrá superar esta compleja crisis y avanzar hacia una transición política real.
Fuentes: Correo del Caroní, Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
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