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Caracas, 12 de abril de 2022.- Organizaciones civiles internacionales expresaron este martes su respaldo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI); quien recientemente anunció que instalará una oficina en Caracas. Sin embargo, exhortaron a precisar cuáles serán las garantías de seguridad, durante la investigación que se sigue contra algunos funcionarios; por presuntas violaciones a los derechos fundamentales cometidos en el país
“Organizaciones de derechos humanos valoran instalación de Oficina Descentralizada de la Fiscalía CPI en Caracas. Exhortan a que precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad”.
En un comunicado conjunto, las 17 ONG instaron al organismo internacional a “constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes; así como con la sociedad civil”, a través de su oficina. Al tiempo que advirtieron que, a su criterio, el sistema de justicia venezolano no cuenta con las competencias mínimas necesarias para garantizar la impartición de justicia.
“Nos preocupan las escasas garantías existentes en el actual sistema de justicia para poder investigar de modo genuino, efectivo e independiente. Consideramos por lo tanto que, a pesar de las actuales reformas iniciadas por el Estado; el sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos”.
Las organizaciones internacionales exigen al fiscal de la CPI, Karim Khan, garantizar el debido proceso a la investigación que se sigue contra funcionarios venezolanos; por sus presuntos crímenes de lesa humanidad, ocurridos en las protestas antigubernamentales de 2014.
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Las ONG afirman que el discurso del fiscal, durante su reciente visita a Venezuela, requiere de mayor precisión. También exigen se hagan públicas las conclusiones alcanzadas durante la investigación, a fin de brindar mayor claridad y transparencia al proceso.
Entre las ONG firmantes del comunicado se encuentran Acceso a la Justicia, Alerta Venezuela, Amnistía Internacional, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC). Además, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Justicia y Proceso Venezuela (Juyproven).
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) también formaron parte del documento.
De acuerdo a Monitoreamos, las otras ONG en plasmar su rúbrica en el comunicado emitido a la CPI fueron: Robert F. Kennedy Human Rights, Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y Women´s Link Worldwide.
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