La organización no gubernamental (ONG)Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) presentó este jueves el informe «El Estado abdicó su deber de proteger». El documento expone una dura radiografía técnica, jurídica y ética sobre la respuesta institucional del gobierno ante la emergencia del doblete sísmico del 24 de junio. La investigación concluye de forma contundente que el Estado venezolano abandonó su principio rector fundamental: el amparo de sus ciudadanos.
Desplazamiento, extorsión y trabas burocráticas
El informe articula cuatro ejes centrales de denuncia dirigidos a medios, agencias internacionales y sociedad civil. El primero destaca la nula articulación logística para asistir a los afectados. Basado en cifras de ACNUR, JEP señala que el 39% de los desplazados quedó a la intemperie por la falta de refugios dignos. Al 1° de julio, el balance oficial registra 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, aunque estimaciones gubernamentales sugieren que las víctimas fatales podrían alcanzar las 10.000 personas.
El segundo eje fustiga la depredación burocrática y la extorsión institucional. La ONG denuncia trabas extremas que impidieron el acceso de rescatistas voluntarios. Además, expone la exigencia de pagos ilícitos de hasta 1.000 dólares a familias para entregar los cadáveres identificados, configurando una claudicación moral.
Bloqueo informativo y derechos vulnerados
Como tercer punto, JEP califica la censura y la opacidad de cifras oficiales como un agravante del daño humano. Este bloqueo informativo aísla a las víctimas y torpedea el auxilio internacional. Finalmente, el cuarto eje recuerda que recibir ayuda humanitaria constituye un derecho inalienable bajo pactos internacionales como el PIDESC, los cuales obligan al Estado a facilitar la cooperación sin condiciones políticas. Ante el abandono, la organización reconoció la empatía del pueblo como la verdadera red de contención.
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