15 junio, 2024

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ONG Centro para los Defensores y la Justicia computó 63 ataques a los DD.HH. en Venezuela durante febrero

En Venezuela se registraron 63 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en febrero.
ONG Centro para los Defensores y la Justicia

En Venezuela se registraron 63 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en febrero, 42 menos que en enero, cuando se documentaron 105 casos. Informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

“Continuó la política de criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, con avances normativos restrictivos del espacio cívico y democrático”. Indicó la organización en su más reciente informe.

Asimismo, dijo que el contexto para la “defensa, exigencia y promoción” de los derechos humanos en Venezuela se torna más “restrictivo y desfavorable. Siendo una labor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis socio-económica, política y de derechos humanos”.

Del total de 63 ataques, 39 fueron de estigmatización, 16 de intimidación y hostigamiento, 7 de amenaza y un ataque digital.

La ONG indicó que el 84 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y 16 % las personas que trabajan en la defensa de estas garantías.

Cortesía: @DefensoresDDHH_

Los principales victimarios, prosigue el informe. Fueron funcionarios públicos, 46 % de los casos, seguido de los medios de comunicación (24 %). Personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %). Instituciones públicas (10 %) y organismos de seguridad (3 %).

“Los principales responsables de las agresiones cometidas a quienes defienden y exigen derechos humanos identificados incluye a miembros del Ejecutivo, ministros, diputados de la Asamblea Nacional. (AN, Parlamento), entre otros”, agregó.

La ONG sostuvo que para el «fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de derecho» es necesario garantizar la protección de un espacio cívico libre. Así como la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa. Exigencia y promoción de los derechos.

“Para ello, el Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan la crisis de los derechos humanos. Y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja”, añadió. EFE

Con información de: EFE

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