Nicmer Evans reaccionó con contundencia a la propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para la despenalización de ciertos tipos penales. En su espacio radial, el politólogo catalogó como una aberración pretender modificar la normativa en lugar de anularla de manera definitiva.
Durante la transmisión de PDCRadio Desencadenados, el comunicador enfatizó que la población no debe aceptar componendas ni medidas a medias. A su juicio, la estructura jurídica aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente representó el engranaje central de la persecución política y el exterminio de la disidencia en Venezuela.
El origen inconstitucional y el uso represivo de la norma
El comunicador recordó que la normativa fue redactada y promulgada bajo la conducción de Delcy Rodríguez. Aunque el Código Penal ya contemplaba lapsos de encarcelamiento menores para delitos afines, la disposición sancionada en 2017 elevó las penas de prisión hasta 20 años, imposibilitando medidas sustitutivas de libertad para los procesados.
Evans aseveró que la legislación funcionó como una herramienta fascistoide para la detención arbitraria de ciudadanos. Según sus estimaciones, miles de personas resultaron encarceladas simplemente por emitir opiniones en redes sociales o expresar críticas hacia el oficialismo, mientras voceros del gobierno usaban espacios del Estado para instigar al odio con impunidad.
Críticas a la despenalización y la falta de reparación
Ante la solicitud gubernamental de despenalizar ciertas conductas, el periodista cuestionó las intenciones del régimen. Señaló que mantener el cuerpo legal sin penas corporales activas deja abierta la puerta a la extorsión y al amedrentamiento judicial, perpetuando mecanismos que atentan contra la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.
El director de Punto de Corte recordó su propia experiencia como víctima de esta legislación en dos oportunidades por ejercer la labor informativa. Explicó que admitir abusos o fallas en su aplicación no repara el sufrimiento de las víctimas, la estigmatización social ni las pérdidas familiares y económicas sufridas por la persecución estatal.
Exigencia de la derogación total y justicia transicional
Evans advirtió que la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos rechazan las ofertas de amnistía condicionada. Aseguró que la restauración de la vida democrática requiere la anulación absoluta del instrumento legal, seguida de un proceso formal de justicia transicional que repare los daños causados y garantice la no impunidad.
Para finalizar, el politólogo instó a la ciudadanía a mantenerse firme frente a los intentos del oficialismo por proyectar una imagen de flexibilización. La verdadera reconciliación pasa por desmontar la arquitectura repressiva y devolver la beligerancia pluralista a las instituciones democráticas del país, sin concesiones a la arbitrariedad de quienes ostentan el poder.
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