El Parlamento de Nicaragua reformó la Constitución para impedir candidaturas opositoras y extender el mandato presidencial a siete años.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la carta magna que consolida el control del gobierno sobre las instituciones.
La medida prohíbe la postulación de opositores a cargos públicos bajo los términos de traidores a la patria. Además, los diputados extendieron el mandato presidencial y otros cargos de elección popular de seis a siete años.
El texto legal establece también que las leyes extranjeras carecerán de efecto jurídico en todo el territorio nacional.
Aunque el presidente Daniel Ortega sugirió en declaraciones recientes la eliminación de las elecciones, el cambio constitucional mantiene los comicios en el calendario oficial.
La decisión parlamentaria ocurrió poco después de que la OEA acordara evaluar la situación política del país centroamericano.
La OEA y Estados Unidos cuestionan la reforma constitucional en Nicaragua
El gobierno de Estados Unidos reaccionó con firmeza ante los cambios legislativos ejecutados en la capital nicaragüense.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que esta modificación afecta la democracia y busca perpetuar una dinastía ilegítima. Según la diplomacia estadounidense, la enmienda priva a los ciudadanos del derecho a participar en procesos electorales libres y transparentes.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos convocó una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar el escenario institucional.
Diversas organizaciones internacionales siguen con atención el impacto de estas leyes sobre los derechos políticos de la población. La comunidad internacional evalúa nuevas acciones diplomáticas ante el endurecimiento de las normas electorales en la nación centroamericana.
Con información de Agencias
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