El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes 17 de marzo de 2026 que su Gabinete de Seguridad presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma constitucional para incorporar la cadena perpetua en el país, medida hasta ahora prohibida por la Carta Magna.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bukele escribió: “En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.
La iniciativa, entregada por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, busca modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que prohíbe expresamente “las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”. La nueva redacción propuesta establece que “la pena perpetua solo se impondría a los homicidas, violadores y terroristas”, incluyendo explícitamente a los pandilleros en la categoría de terroristas.
Dada la mayoría absoluta que ostenta el partido oficialista Nuevas Ideas en la Asamblea, la aprobación de la reforma se considera altamente probable en primera instancia, aunque requerirá una segunda ratificación por la siguiente legislatura o por referéndum, según el procedimiento constitucional.
La propuesta se enmarca en la continuidad de la política de mano dura contra el crimen organizado, impulsada desde marzo de 2022 con el régimen de excepción —prorrogado mensualmente— que ha permitido la captura de decenas de miles de presuntos pandilleros y una drástica reducción de los homicidios. Bukele y su equipo han acusado a organismos de derechos humanos y ONGs de “proteger a criminales” al oponerse a medidas más severas.
Con esta reforma, el gobierno busca endurecer aún más el sistema penal para delitos de alta gravedad, argumentando que garantiza que los responsables de crímenes atroces no vuelvan a las calles. Críticos, sin embargo, advierten sobre posibles riesgos para el debido proceso y el Estado de derecho en un contexto de concentración de poder. La medida ha generado amplio apoyo popular en redes sociales y debates intensos sobre justicia y seguridad en El Salvador.
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