Caracas, 23 de septiembre de 2021. La explotación sexual, tráfico y trata de personas, representa uno de los delitos más aberrantes, siendo un negocio global con un potente crecimiento que afecta a todos los países del mundo. Es una violación de los derechos humanos que mantiene en la mira, con mayor vulnerabilidad, a las mujeres, niñas y adolescentes.
Es un delito, si pudiera decirse, “invisible”, que se enfoca en la captación, el transporte, traslado y acogida a personas, utilizando cualquier mecanismo de fuerza o engaño para cazar a sus víctimas, mientras las redes criminales se mantienen en la “clandestinidad” bajo la mirada ausente de las autoridades.
En el caso de Venezuela, como viene ocurriendo desde más de cinco años, continúa sin contar con cifras oficiales y el problema de la explotación sexual, tráfico y trata de personas, no escapa de ello.
La única data oficial de la que solo habla la administración de Nicolás Maduro, es de las personas “rescatadas” de las bandas criminales dedicadas a estos delitos, pero no de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres que faltan por salvar o que cayeron en manos de estos delincuentes.
Según Tarek William Saab, Fiscal General de la administración madurista, en los últimos 4 años, el Ministerio Público han contabilizado 330 casos de trata de personas, siendo 696 víctimas por este delito.
Si tomamos en cuenta los datos de la Organización de las Naciones Unidas, que estima que por cada víctima identificada de trata de personas, 20 permanecen ocultas, y multiplicamos 696 por 20, podríamos hablar de más de 13.000 mujeres y niñas venezolanas podrían estar en manos de redes de explotación sexual.
De acuerdo a la coordinadora de la ONG Mulier, Estefanía Mendoza, el contexto de la pandemia por Covid-19 no disminuyó el problema de explotación sexual y trata de personas. Según el monitoreo de la organización, en el 2020, 517 mujeres y niñas fueron rescatadas de redes de trata.
“Estas venezolanas fueron detectadas, sobre todo en países como Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, y sobre todo también en Venezuela, donde vemos que cada vez se detectan más caso. Es importante, también destacar que para el 2021, la situación parece no mejorar, en el primer semestre del año, ya se detectaba 147 venezolanas rescatadas de redes de tratas y de estas, 53 eran niñas y adolescentes”, sostuvo Mendoza.
Sin embargo, el tráfico y trata de personas es una situación que también está afectado a los niños y hombres venezolanos.
“Sobre todo en sectores populares, donde hay reclutamiento por parte de bandas delictivas, en pueblos o zonas fronterizas del estado Zulia y Táchira. Hay también reclutamiento para grupos armados irregulares, y así también, por ejemplo, para irse al exterior con ofertas engañosas de trabajo, para trabajos forzados”, agregó la coordinadora de Mulier.
Por su parte, el informe del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, publicado en mayo 2020 sobre las “Formas de Esclavitud Moderna en el estado Bolívar”, estimó alrededor de 3.500 víctimas de trata, mientras que el informe de la Comunidad del Caribe, calculó que unas 4.000 venezolanas fueron tratadas hacia Trinidad y Tobago.
Otra dato importante, es la cifra que maneja el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, que asegura que en los últimos tres años 129 personas han desaparecido en diversas embarcaciones que zaparon clandestinamente desde Güiria, Falcón o Nueva Esparta, con destino a Trinidad y Tobago, Aruba o Curazao, una situación que ha puesto en vela a sus familiares, quienes están convencidos de que sus parientes están en manos de bandas criminales, dedicadas al tráfico y trata de personas.
Desde 1999, cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, según lo establecido por la ONU, con el objetivo de que cada país se comprometiera a luchar y disminuir este delito.
Sin embargo, Venezuela no es la única nación que mantiene un trabajo escueto para lograr capturar a las bandas criminales dedicadas a la explotación sexual, por lo que hoy es válido preguntarse ¿Dónde queda la responsabilidad de los Estado para luchar y prevenir la explotación sexual de mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres, en el mundo?
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