Caracas, 13 de agosto de 2021. El monstruoso caso de Ángela Aguirre, ocurrió el 23 de marzo de 2019, pero dos días después, cuando fue hallado su cuerpo flotando en el río Caroní del estado Bolívar, se conoció que se trataba de un atroz femicidio, lo que estremeció a la opinión pública.
Para ese entonces, Ángela tan solo tenía 16 años de edad. Luego de 2 años, 4 meses y 11 días, es que el juez del Tribunal I de Juicio en materia de Violencia de Género del Área Metropolitana de Caracas, sentenció a 29 años de prisión a José Alberto Cedeño (principal acusado por el femicidio y violación contra Ángela Aguirre), y a José Zorrilla (dueño de la lancha). Ambos fueron condenados por femicidio agravado y cómplice necesario.
Sin embargo, Glauber Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Dayana Nicieza y Joselyn Barreto (acusados de estar en el momento del hecho), contaron con un poco más de suerte.
En vista de que los tres hombres que se encontraban detenidos desde el 26 de marzo de 2019, “el juez consideró que la pena ya estaba cumplida y ordenó su libertad”, dijo el abogado Joel García, parte del equipo de la defensa de Ángela Aguirre.
En el caso de las dos mujeres, “el juez estimó que no se consiguió responsabilidad alguna en los delitos por los cuales fueron acusadas y ordenó concretar su libertad”, agregó el abogado García.
Apelación
Ante el veredicto del juez, tanto la defensa de Ángela Aguirre como el Ministerio Público, introdujeron inmediatamente el recurso de apelación para estas cinco personas, tras considerarlas cómplices directas en el monstruoso femicidio.
“El Ministerio Público hizo uso del recurso de apelación con efecto suspensivo ¿Qué es esto? Que la libertad no se va a materializar hasta tanto la corte de apelaciones revise esa decisión y si la confirma, se les dará libertad. Ahora, incluso la podría revocar”, pero se deberá esperar conocer la nueva orden del tribunal, agregó el experto en derecho.
Asimismo, los apoderados judiciales de Ángela Aguirre, también “vamos a ejercer el recurso de apelación por algunas circunstancias que fueron debidamente demostradas y sin embargo, no fueron tomadas en cuenta”, puntualizó el abogado Joel García.
Por su parte, la madre de Ángela, Yerlis Yaguare, dejó claro que “al 100% no estamos satisfecho con la decisión del juez, no estamos conformes con esa decisión y por eso es que vamos a ir a la Corte de Apelación. Por eso, la Fiscalía tomó las medidas que también tomó (…) Tienen que pagar por lo que hicieron”.
Yaguare cuestionó que “si hubo un femicidio agravado y habían otras personas allí con ellos ¿Por qué no fueron también condenados como cómplices necesarios? Tampoco se tomó en cuenta el delito de violencia sexual, cuando se demostró que sí la hubo”, por lo que enfatizó que continuarán luchando hasta que haya “plena justicia”.
El reportaje completo aquí:
Un femicidio viciado por la justicia
El monstruoso caso de Ángela Aguirre se convirtió en uno de los femicidios más viciados por la justicia venezolana, en medio de una serie de irregularidades desde que el suceso se hizo público, dejó ver el descontrol en el Poder Judicial, especialmente en el estado Bolívar.
La primera fiscal que designó el Ministerio Público para el caso de Ángela, fue la fiscal décima de Bolívar, Emily Hernández, quien fue denunciada por la defensa de Ángela, por presunta “corrupción, soborno y abuso de poder” para supuestamente manejar la investigación a favor de las siete personas implicadas en el femicidio.
Al cuerpo de Ángela Aguirre, se le practicaron dos autopsias: Una, cuando su cuerpo fue hallado flotando en el río y la segunda, por orden de la fiscal Emily Hernández, sin consentimiento de los padres de la adolescente.
La primera autopsia confirma que Ángela fue abusada sexualmente, golpeada y torturada minutos antes de morir. La segunda, señala que fue una “muerte accidental” y que los golpes que presentaba su cuerpo, fueros producto de la caída al agua del río Caroní.
En medio de las irregularidades y fuertes denuncias en exigencia de justicia para Ángela Aguirre, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó el sábado 18 de mayo de 2019, que se enviara de «manera urgente» el expediente original del caso, así como paralizar inmediatamente el proceso penal abierto contra los siete imputados por el femicidio, que se llevaba a cabo en estado Bolívar.
La tarde del 4 de junio de 2019, el TSJ de la administración de Nicolás Maduro, confirmó la “radicación de la causa” del monstruoso caso de Ángela Aguirre, para ser llevado por los tribunales en el Aérea Metropolitana de Caracas, donde pasaron más de dos años para que se diera una sentencia, que aún no es definitiva.
No olvidar | Primera autopsia de Ángela Aguirre
La primera autopsia realizada a Ángela Aguirre, según el protocolo número AFOR: 41.530, realizado por la médico forense, doctora Mariene López de Castro, el 26 de marzo de 2019, asegura bajo declaración a la fiscal Emily Hernández, que “todas las lesiones encontradas” en el cuerpo de la joven de 16 años de edad, “fueron causadas la hoy occisa se encontraba vida”.
Además, “todas las lesiones presentadas en ambos exámenes fueron originadas por fuerza mayor y contra la voluntad de la hoy occisa”, agrega el documento.
La patólogo explicó que practicó al cadáver de Ángela Aguirre, dos exámenes detallado – uno ginecológico y el otro, ano-rectal -, lo que arrojó como resultado “edema vulvar, hematomas en labio mayor derecho y en labio mayor de lado izquierdo, laceración y erosión reciente en introito vaginal, hemorragia vagina y cuello uterino edematizado y congestivo, además se realizó hisopado vaginal, además, un examen ano-rectal observando esfínter anal edematizado, hematoma en la parte externa de la mucosa anal”.
La autopsia también demostró que se encontró semen en el cuerpo de la adolescente hoy occisa. Asimismo, la doctora forense explicó que cuando practicó los exámenes forenses Ángela ya tenía dos días haber fallecido, por lo que su cuerpo se encontraba en grado de “putrefacción”.
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