Caracas.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU determinó, este 20 de septiembre, que en Venezuela los crímenes de lesa humanidad documentados por el organismo fueron perpetrados por al menos seis estructuras del Estado; en un plan diseñado desde la Administración Central, encabezada por Nicolás Maduro.
En el más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, afirmó que cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) formaban parte de una maquinaria para reprimir a la población. Acciones que, de acuerdo a la investigación del organismo, eran apoyadas por otras altas autoridades.
“Eran parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político encabezada por el presidente Nicolás Maduro y apoyada por otras altas autoridades”, sentenció
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos denunció que los delitos cometidos por los efectivos de seguridad estaban dirigidos a los sectores de la oposición; quienes “fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y a violencia sexual y de género”, precisó el informe.
“Los delitos y violaciones cometidos por miembros del SEBIN y de la DGCIM que; como se señala en el informe de la Misión de 2020, constituyen crímenes de lesa humanidad; revistieron especial crueldad y se cometieron contra personas indefensas. Personas opositoras al Gobierno, reales o percibidas, y sus familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y a violencia sexual y de género”.
Selección de sus objetivos
La Misión de la ONU determinó que entre los años 2017, 2018 y 2019 la DGCIM llevó a cabo el mayor número de detenciones arbitrarias. Los criterios que se tomaban en cuenta para seleccionar a sus objetivos era su presunta participación en complots contra la Administración Central y sus funciones de liderazgo o su potencial de liderazgo.
“La Misión investigó el caso de 122 oficiales y exoficiales de la FANB y civiles asociados a ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados por la DCGIM entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad.
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Los efectivos de seguridad también tomaban en cuenta los roles que cumplen los dirigentes dentro de la oposición venezolana, así como sus críticas públicas al oficialismo. Incluso, evaluaban si estas personas podían ser extorsionadas.
“En algunos casos, el presidente Nicolás Maduro y otras personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel participaron en la selección de los objetivos”.
La Misión de la ONU precisó que en el caso del SEBIN “las órdenes para identificar los objetivos de la investigación provenían directamente de Maduro y, en ocasiones, de Diosdado Cabello“, a través del director general del cuerpo de seguridad.
“Los arrestos y las detenciones por parte de la DGCIM y el SEBIN se caracterizaron por graves irregularidades, como el uso de tácticas de seducción, los intentos deliberados por parte de funcionarios del Estado de enmascarar sus identidades, la fabricación y colocación de pruebas falsas y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, lo que generó miedo y sensación de impotencia”.
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