Caracas, 24 de enero de 2020/.- El diario digital Vozpopuli publicó este jueves que el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos mantuvo un encuentro con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro dentro de un avión privado de la compañía Sky Valet, en el que viajaba, aprovechando una escala técnica en Madrid, hacia su ruta a Turquía.
Posteriormente, según el mismo medio, la funcionaria venezolana y seis de sus acompañantes, accedieron a la sala VIP de la terminal de autoridades de Barajas. Según la misma información, Ábalos negó a los periodistas de Vozpopuli haberse reunido con la mandataria venezolana.
Sin embargo, el ministro español, contó luego al diario El País, que acudió al aeropuerto a título privado a recibir al ministro de Turismo del régimen, Félix Plasencia, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años y que viajaba en el mismo avión que Delcy Rodríguez.
Plasencia, ciudadano español, según ha asegurado el ministro, llegó a Madrid al frente de la delegación venezolana a la feria internacional de turismo Fitur.
El ministro de Transportes sostiene que no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana y su intención al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Ábalos, así como la de la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha exigido también explicaciones oficiales. “¿Se reunió Ábalos con la vicepresidenta del régimen totalitario de Maduro? ¿Con alguien que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por ser alto cargo de esa tiranía?.
¿Por qué la polémica?
Delcy Rodríguez es una de las 25 personas incluidas en la lista de sancionados de la Unión Europea. Los 28 Estados miembros —incluida España— aprobaron en 2018 vetar la entrada en territorio europeo a varios responsables del régimen de Maduro por considerar que estaban implicados en actividades de represión al pueblo.
La decisión comunitaria, adoptada en junio de 2018, fundamenta el veto a Rodríguez en que “sus acciones […] como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han minado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, lo que incluye la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional y su uso para cercar a la oposición y evitar que participe en el proceso político”.
Además del veto a la entrada en cualquier Estado comunitario, la sanción europea que afecta a Rodríguez le impide disfrutar de cualquier tipo de bien (propiedades o cuentas) en territorio comunitario.
Con información de El País
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