Caracas, 27 de enero de 2022. La administración de Nicolás Maduro quitó la protección a inquilinos al no renovar el decreto que prohibía el desalojo a la propiedad privada.
El decreto 4.577 con fecha del 7 de abril de 2021, contemplaba la prohibición por seis meses del pago de arrendamiento de viviendas y de inmuebles de uso comercial, debido a los efectos económicos generados por la pandemia del covid-19.
Esta medida fue ejecutada en marzo de 2021. No obstante, en el pasado mes de octubre, cuando se debía renovar el decreto, la administración de Maduro decidió no extender su plazo.
De esta manera, también quedó sin efecto la prohibición de desalojo, aprobada tras la suspensión de la aplicación causal del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control dede Arrandamientos de Vivienda, en la dan dan luz verde a la desocupación de viviendas por incumplimiento de hasta cuatro meses de alquiler, así lo reseña el diario Tal Cual.
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Según el abogado, Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, la administración de Maduro busca aplicar «políticas de normalización» y eliminación de medidas que se tomaron en razón del covid.
“Se está reconociendo que existe la necesidad de volver a lo que nosotros consideramos que es normal, que por supuesto no lo es, en la medida en que no hay un respeto a la normalidad dentro del derecho de propiedad. (…) Esta resolución se enmarca dentro de estas políticas generales de no mantener más restricciones de las que ya existen bajo la necesidad del covid, visto que ahora la actividad económica se ha restablecido, aunque sea de una manera parcial, obviamente eso va a exigir que se vuelva a las reglas del juego que existían previa a la pandemia”, explicó el abogado.
Con información de: Tal Cual
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