Derechos en Acción | Theresly Malavé: Libres pero presos

Libres pero presos. Lo que queda es esperar que alguien con poder, los recuerde, o la circunstancia política procure su libertad.
Libres pero presos

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Libres pero presos. Lo que queda es esperar que alguien con poder, los recuerde, o la circunstancia política procure su libertad.

Mucho se ha escrito con relación a la violación del derecho a la libertad individual cuando la persona condenada ya ha cumplido su condena. Y generalmente se describe en que consiste y sus consecuencias desde el punto de vista jurídico.

Pero, poco se ha escrito con relación al daño que causa, en primer lugar, en las victimas y en segundo lugar, en la credibilidad del sistema de justicia, el cual, según lo establece el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, el sistema penitenciario, abogados y trabajadores tribunalicios.

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Actualmente, en los casos de los presos políticos, luego que los jueces de ejecución emiten las boletas de excarcelación. En los casos que corresponda, esas boletas deben pasar por un trámite de carácter administrativo, que no está establecido en ninguna ley, el cual es ejecutado en la presidencia del Circuito Judicial Penal.

Y lo que es peor, puede durar meses, en abierta infracción al contenido del artículo 44.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

“La libertad personal es inviolable; en consecuencia: (…)

5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada la orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta”.

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La recomendación inmediata en estos casos, es la interposición de una acción de amparo a la libertad y seguridad personal. Pero, lamentablemente, son resueltas con argumentos, a todas luces, lesivos a valores fundamentales para el ejercicio de la función judicial, como lo son impartir justicia oportuna, con equidad y transparencia.

Mientras tanto, la persona que cumplió su condena y sus familiares, esperan su libertad día tras día, sin tener certeza de futuro, desarrollando una cadena de emociones, reacciones y distorsiones afectivas, provocado por la tensión emocional que produce sentir el peso de los tribunales sobre él, sin respuesta y sin apoyo de otras instituciones como lo son el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

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Personalmente, los he visto hasta con lesiones de piel producto del estrés y con relación al sufrimiento, ellos describen que sienten lo mismo que sintieron cuando fueron detenidos por primera vez, sencillamente, porque las situaciones se parecen, pues generan ansiedad de no saber lo que va a suceder.

Lo descrito anteriormente, causa varios efectos, por un lado, la pérdida de credibilidad y respeto en las decisiones judiciales, quienes, estando obligados a hacerlas valer, no lo hacen y permiten abiertamente que cualquier ente administrativo las vulnere.

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Por otro lado, se erige el Estado como violador de derechos humanos, toda vez, que estando en conocimiento de estos hechos y siendo el único garante de los derechos humanos, no busca restablecer la situación jurídica infringida y por último, y no por ello menos importante, se cultiva el flagelo de la impunidad hacia los funcionarios públicos que cometen tales violaciones, en virtud de la falta de castigo de estos crímenes, todo lo cual, allana el camino para que se repitan y se cometan otras violaciones a otros derechos.   

En cuanto a estas víctimas de violación del derecho a la libertad individual y sus familiares, lo que les queda es esperar que alguien con poder, los recuerde, o la circunstancia política procure su libertad, pues a nivel de tribunales, Fiscalía del Ministerio Público y Defensoría, es poco o nada lo que se puede hacer.

Twitter: @theresly

Thresly Malave es Abogada, Directora de la ONG Justicia y Proceso Vzla.

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