La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha eliminado al expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Carlos Rotondaro, de su lista de sancionados, sin proporcionar explicación alguna sobre los motivos que llevaron a esta decisión. En 2019, a Rotondaro lo acusan de participar en actos de corrupción relacionados con la importación de medicamentos de alto costo mientras estaba al frente del Ivss. A Rotondaro lo sancionan junto con otros tres funcionarios del gobierno venezolano.
En aquel momento, la Ofac argumentó que debido al “colapso económico de Venezuela bajo Maduro, el país ya no compra suficientes medicamentos extranjeros o produce suficientes medicamentos propios”. Sin embargo, no se ha dado a conocer ninguna información adicional sobre el retiro de las sanciones contra Rotondaro.
Carlos Rotondaro estuvo al mando del Ivss durante 10 años, aunque brevemente reemplazado en la presidencia entre 2009 y 2010 cuando asumió el cargo de ministro de Salud. Durante su tiempo en el Ivss, dejó varios asuntos pendientes en la institución, entre ellos los contratos otorgados a dedo a una red de empresas controlada por una familia de la región de Zulia, quienes recibieron más de 455 millones de dólares en condiciones preferenciales.
Rotondaro huyó de Venezuela y desea denunciar a Maduro
Sin embargo, Rotondaro huyó del país y solicitó asilo político en Colombia. Ha expresado su deseo de denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Según sus declaraciones, se le ordenaba guardar medicamentos para ser utilizados en procesos electorales, incluso a costa de la vida de pacientes en otras regiones del país. Afirmó estar dispuesto a enfrentar a la justicia y presentar pruebas sobre su gestión como presidente del Ivss, refutando así las acusaciones de corrupción en su contra.
Aunque la Ofac ha eliminado a Rotondaro de su lista de sancionados, no se ha proporcionado información clara sobre los motivos detrás de esta decisión. La eliminación de las sanciones puede generar interrogantes sobre la efectividad de las medidas tomadas contra la corrupción en Venezuela y sus implicaciones en la lucha contra la impunidad.
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