La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó este jueves que «no existe una base razonable» para abrir una investigación formal sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela. La decisión cierra la puerta a la denominada «Situación en Venezuela II», un proceso impulsado por el Gobierno de Caracas desde 2020.
La remisión original denunciaba que las «medidas coercitivas» estadounidenses constituían crímenes de lesa humanidad, alegando que habrían provocado asesinatos, persecuciones y otros actos inhumanos.
Sin embargo, tras un riguroso examen preliminar, la Fiscalía determinó que las pruebas presentadas no demuestran una relación de «causalidad e intención» suficiente para vincular directamente las sanciones con los delitos alegados bajo la jurisdicción de la Corte.
Este fallo representa un revés jurídico para la administración venezolana, que buscaba equiparar el impacto económico de las sanciones con ataques sistemáticos a la población.
Mientras tanto, la «Situación en Venezuela I», que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado venezolano, continúa su curso bajo la supervisión del fiscal Karim Khan en este primer trimestre de 2026.
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