La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha emitido un fallo histórico este 29 de enero de 2026 al declarar inconstitucional la concesión otorgada a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings de China, para la operación de los puertos de Balboa (en el lado Pacífico) y Cristóbal (en el lado Atlántico), ubicados en los extremos del Canal de Panamá.
Este fallo representa un punto de inflexión en la gestión portuaria panameña y tiene profundas implicaciones geopolíticas, económicas y estratégicas, especialmente en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y China por la influencia en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.
Antecedentes de la concesión
La concesión original data de 1997, durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares. Mediante la Ley 5 del 16 de enero de 1997, el Estado panameño otorgó a PPC el derecho a desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir las terminales portuarias para contenedores, Ro-Ro (roll-on/roll-off), pasajeros, carga a granel y carga general en ambos puertos.
La concesión inicial era por 25 años y fue prorrogada automáticamente en 2021 por otros 25 años adicionales. PPC, como subsidiaria de CK Hutchison (empresa con sede en Hong Kong y considerada de capital chino en muchos análisis geopolíticos), ha manejado estas instalaciones clave durante casi tres décadas.
Sin embargo, en julio de 2025, la Contralora General de la República, Anel Flores, presentó demandas de inconstitucionalidad y nulidad ante la Corte Suprema, basadas en una auditoría que detectó irregularidades, presuntos perjuicios económicos al Estado (estimados en cientos de millones de dólares) y violaciones constitucionales en las leyes y adendas que sustentaban el contrato.
El fallo de la Corte Suprema
Tras una extensa deliberación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inconstitucionales:
- La Ley N° 5 de 1997,
- Sus adendas posteriores,
- El acto de prórroga de la concesión.
El tribunal argumentó que estos instrumentos legales violaban la Constitución Política de Panamá, afectando directamente la validez del contrato de concesión con PPC. El fallo anula el marco legal que permitía a la empresa hongkonesa operar ambos puertos, considerados estratégicos por su ubicación en las entradas del Canal interoceánico.
La decisión se tomó en medio de un intenso escrutinio internacional, impulsado en parte por declaraciones de autoridades estadounidenses que veían la presencia de capital chino (aunque sea de Hong Kong) como una amenaza a la seguridad en la zona.
Reacciones internacionales y nacionales
- Estados Unidos celebró rápidamente el fallo. El Secretario de Estado Marco Rubio publicó en redes sociales que Washington se sentía “alentado” por la decisión, interpretándola como un avance contra la influencia china en infraestructuras críticas cercanas al Canal.
- China respondió con firmeza, asegurando que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Pekín rechazó vincular el fallo directamente con disputas geopolíticas y respaldó a CK Hutchison.
- El presidente panameño José Raúl Mulino se pronunció el 30 de enero de 2026, garantizando la continuidad operativa y laboral. Anunció que, una vez ejecutoriado el fallo, APM Terminals Panama (subsidiaria del grupo danés AP Moller-Maersk) asumirá temporalmente la operación de ambos puertos durante un período de transición, hasta que se convoque un nuevo proceso de concesión abierto, transparente y favorable a los intereses nacionales.
Implicaciones futuras
El fallo abre la puerta a un nuevo esquema de concesión para estos puertos, que manejan una porción significativa del tráfico de contenedores que transita por el Canal de Panamá. Expertos estiman que el proceso podría incluir mejores condiciones económicas para el Estado, mayor transparencia y posiblemente la participación de operadores de diferentes nacionalidades.
Aunque CK Hutchison ha cuestionado la base legal del fallo y ha señalado que su concesión resultó de un proceso de licitación internacional transparente, la decisión judicial es firme y marca un precedente importante en la defensa de la soberanía panameña sobre activos estratégicos.
Este episodio subraya cómo decisiones judiciales internas pueden intersectarse con dinámicas geopolíticas globales, especialmente en torno al Canal de Panamá, arteria vital del comercio mundial. Panamá reafirma su control sobre sus puertos mientras busca equilibrar intereses económicos, seguridad nacional y relaciones internacionales en un contexto de creciente competencia entre potencias.
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