Caracas, 21 de octubre de 2021. El juicio sobre la llamada masacre de Policarabobo de 2018, en la que fallecieron 69 presos, comenzó este miércoles con cinco personas acusadas de homicidio, complicidad y corrupción, informó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La jueza Melissa de Souza realizó la audiencia en la que declaró el caso “como un delito de lesa humanidad”, por lo cual admitió la acusación completa presentada por el Ministerio Púbico y el Comité de Víctimas de la Justicia y la Verdad, detalló la OVP en un comunicado.
Esa acusación señala de homicidio calificado al subdirector del cuerpo, José Luis Rodríguez, y de complicidad necesaria a los otros cuatro acusados, además de corrupción, introducción de armas de fuego en el centro y omisión al socorro.
No obstante, la OVP rechazó que solo haya cinco imputados, “a pesar de que participaron cerca de 50 funcionarios”, no solo de la Policía regional, sino también del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
También denuncian que “no se ha establecido la responsabilidad de la cadena de mando” y “se han perdido documentos claves que deberían estar en el expediente como las declaraciones rendidas” ante el CICPC de varios funcionarios.
Siempre según la versión de la OVP, uno de los funcionarios acusados ofreció su declaración al tribunal, “donde relató todos los hechos tal cual y como sucedieron e indicó que él no participó”, pero fue “obligado por sus superiores a no dejar ninguna evidencia en el libro de novedades” del centro.
“Los familiares de las víctimas manifestaron su satisfacción por este importante paso y afirmaron que continuarán sin descanso luchando para que se haga justicia”, agregó la información.
Por su parte, la abogada representante del Comité de Víctimas, Lylí López, indicó que “la causa sigue abierta, y continuarán las averiguaciones sobre el destino de los dos cuerpos desaparecidos de Rafael Ortega Sánchez y Jesús Antonio Rivas Lameda”.
“Este es apenas el primer paso, pero por fin se está haciendo Justicia”, concluyó López, citada en el comunicado.
Los 69 muertos, según el recuento de la OVP, se encontraban detenidos en la Comandancia General de la Policía en la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo.
Tras el caso, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de la detención de cinco policías “indiciados de ser responsables” de la muerte de los reos.
Saab describió entonces el caso como un “presunto incendio” en los calabozos de la comisaría, si bien medios locales y diversas ONG dijeron que el incendio se produjo en medio de un motín.
También especificó entonces que los fallecidos eran 66 hombres y 2 mujeres que estaban de visita en este centro y anunció la designación de cuatro fiscales para “esclarecer estos dramáticos hechos”.
La OVP elevó ese número en su comunicado a 69 personas fallecidas.
La noticia del incendio y muerte de estas personas en los calabozos de la comisaría llegó en ese momento hasta la ONU, organismo que en un comunicado se declaró “horrorizado” por el caso y pidió respeto para las familias de las víctimas.
COn información de OVP y EFE
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